Proponen que los miles de pisos vacíos que acumulan las entidades financieras sean puestos en una bolsa de alquiler social
Los ayuntamientos catalanes han empezado a aprobar mociones en sus plenos con el fin de presionar a la Generalitat para que paralice los desahucios de quienes no pueden pagar la hipoteca y para que dé cobertura legal a la dación en pago.
Ante la situación de precariedad en que dejan los desahucios a estas familias afectadas y especialmente en previsión de que el problema se pueda agravar en los meses próximos, algunos consistorios como los de Sabadell, Vilafranca del Penedès, La Llagosta y Santa Perpètua de Mògoda han decidido tomar medidas.
Las cuatro mociones aprobadas por estos ayuntamientos, muy similares, han surgido de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha enviado cartas a las diferentes formaciones políticas proponiéndoles esta iniciativa. Pese a que los entes municipales son los primeros en tener que hacer frente a estas situaciones, sus competencias son muy reducidas, por lo que instan a la Generalitat a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios en familias en situación de insolvencia sobrevenida o involuntaria.
También proponen que los miles de pisos vacíos que acumulan las entidades financieras tras los desahucios sean puestos en una bolsa de alquiler social, cuyo importe no supere el 30 % de la renta familiar disponible. Mientras esperan que las administraciones competentes actúen, estos consistorios han creado mesas de mediación con las entidades financieras y la administración judicial para buscar soluciones puntuales a la situación de estas familias. La intención es dialogar con las entidades bancarias para evitar el desahucio y, en los casos en que no sea posible, poder prevenir estas situaciones para activar con urgencia el protocolo de actuación para que las familias no queden desamparadas.
Ante la situación de precariedad en que dejan los desahucios a estas familias afectadas y especialmente en previsión de que el problema se pueda agravar en los meses próximos, algunos consistorios como los de Sabadell, Vilafranca del Penedès, La Llagosta y Santa Perpètua de Mògoda han decidido tomar medidas.
Las cuatro mociones aprobadas por estos ayuntamientos, muy similares, han surgido de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha enviado cartas a las diferentes formaciones políticas proponiéndoles esta iniciativa. Pese a que los entes municipales son los primeros en tener que hacer frente a estas situaciones, sus competencias son muy reducidas, por lo que instan a la Generalitat a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios en familias en situación de insolvencia sobrevenida o involuntaria.
También proponen que los miles de pisos vacíos que acumulan las entidades financieras tras los desahucios sean puestos en una bolsa de alquiler social, cuyo importe no supere el 30 % de la renta familiar disponible. Mientras esperan que las administraciones competentes actúen, estos consistorios han creado mesas de mediación con las entidades financieras y la administración judicial para buscar soluciones puntuales a la situación de estas familias. La intención es dialogar con las entidades bancarias para evitar el desahucio y, en los casos en que no sea posible, poder prevenir estas situaciones para activar con urgencia el protocolo de actuación para que las familias no queden desamparadas.
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