La posibilidad de un banco público:

En España conocimos el Banco Hipotecario de España por ejemplo, el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Local.

Entonces eran unos tiempos y ahora son otros. 
La claridad que se pide es muy fácil si se quiere más aún con los sistemas informáticos actuales. 
Donde no hay claridad es en la Banca y las Cajas hoy ni la habrá ya que si el Banco de españa abre la veda casi todos los directivos tendrían problemas muy serios con la Justicia. Todo llegara.. 
El primer problema que planteas solucionado. Claridad total y absoluta. Transparencia desde el inicio en todo. 
El precio de adjudicación de los inmuebles se fija en cada caso sea primera vivienda, segunda, solar, promoción etc. Los precios hoy con el sistema de provisiones ya está prácticamente fijado. 
A los precios fijados el Banco estatal se queda los activos, de la Banca, de los promotores y de los particulares, sólo que en este caso se los queda por lo pendiente de la hipoteca, se tengan o no problemas para permitir que quien lo desee deje su vivienda y se la endose al Banco estatal. 
La Banca se subroga en las hipotecas en las cantidades adjudicadas. 
El diferencial entre el precio adjudicado y el que figure en balance lo asume la Banca y ese diferencial da lugar a un saldo a regularizar en los ejercicios que se establezcan a cuenta de los beneficios a obtener. 
La partida del balance de dichas cantidades se compensa con un apunte contable del gobierno que avala, solo avala contablemente dichas cantidades. 
Eso no supone nada excepto que se sabría cual es la diferencia contable de los saldos necesarios y ahí entra el Banco central Europeo. 

EL TOCOMOCHO DE LA BANCA CON LAS VIVIENDAS

Vivimos en un mundo globalizado que hace que primero te presten el dinero, luego no te lo renueven así que te vuelves loco para pagar y al final los que te han prestado el dinero para que compres o construyas se quedan lo que has promovido o construido por la mitad o menos. 

Bonita paradoja de la globalización. 
Y no pasa nada, el BCE sigue dándole a la maquinita a cuenta gotas para que los bancos sigan buscando las gateras de escape para no quebrar. 
Ahora cuando ya se ha comido toda la deuda griega dice que no admite más. 
Es todo un TOCOMOCHO A GRAN ESCALA Y NOSOTROS DE PAGANOS. 
Las grandes corporaciones no son las que mueven los precios, las grandes corporaciones son las que sangran el sistema antes y después. Antes cuando prestan y generan el movimiento y luego cuando recogen los beneficios al retirar el préstamo. 
Para solucionar el problema de la vivienda en España se necesita por una parte un BANCO PUBLICO QUE SE QUEDE CON TODO LO QUE SOBRA y por otra que traigamos los seis meses de invierno DIEZ MILLONES DE FAMILIAS DE JUBILADOS EUROPEOS. 
El resto es marear la perdiz diez años, los justos para que casi todo se hunda.

Los notarios no ejecutarán hipotecas sin un tipo mínimo del 60% del valor de tasación de la vivienda

En virtud de una circular del Consejo General del Notariado aprobada el pasado sábado en sesión plenaria, los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales que en las ejecuciones que se realizan por vía judicial, pese a las dudas suscitadas por las diferencias legales existentes entre ambos procedimientos. En ella se dan unas directrices claras que todos los notarios deberán seguir, en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda y a la debida protección familiar.

Esta circular, de cuyo contenido informó el Notariado al Ministro de Justicia en la reunión mantenida el 31 de enero, establece que los notarios no autorizarán ejecuciones hipotecarias que no fijen en la 3ª subasta un tipo mínimo del 60 por ciento del valor de tasación de la vivienda habitual (aspecto que comunicarán previamente a las entidades financieras) para garantizar a los ciudadanos los mismos derechos que en los procesos de ejecución judicial.

Aunque la regulación de la ejecución hipotecaria extrajudicial, recogida en el Reglamento de la Ley Hipotecaria, no fija tipo alguno para la 3ª subasta y permite al acreedor adjudicarse el bien por cualquier cantidad, el Consejo General del Notariado, según su presidente Manuel López Pardiñas, considera “imprescindible que los notarios ofrezcan a los ciudadanos las mismas garantías que las que tendrían ante un juez”. Para López Pardiñas “el notario en su condición de funcionario público no puede ser ajeno a la situación generada por el cambio normativo, aunque no se haya modificado también la regulación del procedimiento extrajudicial”. Los bancos tienen la opción en caso de decidir ejecutar la hipoteca, cuando así se ha pactado en la escritura pública, de hacerlo por vía extrajudicial ante un notario.

El Gobierno pedirá a los bancos dos años de prórroga para los desahuciados

Propone facilitar que las familias sin ingresos puedan canjear la hipoteca al devolver la casa

Guindos auncia que se modificará la ley para reducir “los intereses moratorios abusivos”

El Gobierno pondrá en marcha un código de buenas prácticas para la banca

El Gobierno ha salido al paso del escándalo social que están provocando los desahucios de familias sin recursos por el impago de las hipotecas, que ya cuenta con más de 150.000 afectados. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado en el Congreso las líneas maestras de un acuerdo que negocia con la banca entre las que existen recomendaciones al sector -que se incluirán en un futuro código de buenas prácticas- y medidas legales. Entre las peticiones están que se retrase dos años el desalojo de las familias sin ingresos, que se admita la dación en pago -el canje de la hipoteca con la entrega del inmueble- “para quienes la vivienda sea su único bien en propiedad" y para quienes “exigirles algo más allá es excesivo”, dijo Guindos. El ministro también avanzó que propondrá que las cuotas pagadas reduzcan el capital pendiente y no los intereses.

En cuanto a los cambios legales, Guindos adelantó que la reforma que se llevará a cabo supondrá la reducción de los intereses moratorios, ya “que son claramente excesivos”, justificó.

El Gobierno hizo esta declaración de intenciones en su respuesta a una pregunta del diputado Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya Verds, que pidió “medidas concretas para acabar con el abuso de las entidades financieras”, después de que el problema de los desahucios llevara dos años en el Congreso sin que la Comisión correspondiente hubiera tomado medidas efectivas. Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se está tratando entre su ministerio y el de Justicia, bajo la supervisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los bancos y las cajas se han mostrado en contra de la dación en pago y del cambio del marco hipotecario, sobre todo si tiene efectos retroactivos. Lo anunciado por Guindos solo tendría el efecto del menor cobro de intereses en caso de desahucio, por lo que el efecto no sería económicamente relevante para la banca.

El colectivo al que van dirigidas estas propuestas son: propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales o que sean insuficientes para hacer frente a la deuda.

En cuanto a las recomendaciones, el código de buenas prácticas incluye la dación de la vivienda en pago “con efecto liberatorio de la deuda. Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es el único activo que tienen, es excesivo pedirles más”, comentó. Se pedirá que la banca cuente con una “carencia en el desalojo de dos años. Si perder el empleo es situación tremenda, quedarse sin vivienda cuando se está en el paro es una situación límite”, dijo Guindos. Incluso recomendará al sector que pasados los dos años, el propietario pueda seguir en el piso pagando un alquiler. No obstante, Economía está lejos de generalizar la dación “porque tiene el riesgo de reducción de los plazos de amortización, disminuir el importe de crédito, subir los tipos y, en definitiva, elevar la exclusión del crédito”.

El código incluye la petición de que lo pagado se descuente del capital pendiente y no dispare los intereses. “En procesos de ejecución de personas en el umbral de la pobreza, queremos que se considerara que el pago del capital sea proporcional al número de cuotas abonadas o que se redujera el capital en la misma proporción”. Se trataría de que los intereses pendientes sean menores. Además, negociará la reducción de los gastos generados en el proceso judicial.

Lo más llamativo de la posición del ministro ha sido que ha pedido expresamente a las entidades “que asuman parte del riesgo” cuando el valor del piso no cubra la deuda. “Debe haber algún mecanismo de coparticipación en el que la entidad corrija el error o la situación de no buena voluntad, por la que se ha hecho una deficiente tasación”, afirmo. Esta es una de las reivindicaciones más frecuentes: si los bancos tasaron excesivamente alta la casa no pueden ser los clientes los únicos que paguen su depreciación a la hora de devolver el crédito pendiente. El responsable de Economía habló de actitudes “no dirigentes” de la banca.

En un primer análisis, las propuestas de Economía no van contra la línea principal de la banca que pedía que no se cambiaran las normas hipotecarias. La patronal bancaria se ha mostrado a favor de medidas “voluntarias por razones humanitarias”, que es lo que son las recomendaciones del código de buenas conductas.

Algunos bancos procedentes de cajas de ahorros estudian dedicar parte de la obra social a atender los préstamos de familias desahuciadas. Para la banca, el desahucio acarrea problemas por la mala imagen que conlleva y la proliferación de gastos que supone. Por eso, a veces negocio con los clientes para que sigan viviendo en sus pisos “mantengan su valor ya que no acabarán destrozados u ocupados por terceros”. Guindos concluyó que “si se generalizan estas propuestas, tendrá efectos importantes” y “protegerán a un segmento de la población que se encuentra en un momento muy muy difícil”. Ahora falta conocer la reacción voluntaria de las entidades.

Desde la oposición, Coscubiela ha criticado que el impacto de la medida será muy restringido, ya que se establecen "muchas condiciones" para entrar dentro de este umbral de exclusión que aún no está definidido. También, tras advertir de que el "código de buenas prácticas y banca suena a oxímoron", ha propuesto que quien "cobre el 10% del presidente de la entidad" que le ha concedido la hipoteca entre en este colectivo.

LOS VERDADEROS PAGANOS DE LA CRISIS

La actual crisis ha creado una situación impensable hace unos meses: que los paganos, los perjudicados reales de esta crisis son las familias solventes,  que han adquirido su vivienda en estos años pasados cuando la valoración de las mismas estaba en lo más alto.

Por un lado, los promotores amigos de los Bancos y Cajas ya hace tiempo que se han salido del mercado dejando a la Banca los inmuebles sin vender.

Por otro, las familias o los compradores que no han podido o no pueden pagar las cuotas de las hipotecas y que no consiguen una renovación se ven abocados a la perdida de la vivienda, sea o no con dación o con deuda pendiente.

Pero las personas que por su poder adquisitivo no pueden dejar de pagar las cuotas de las hipotecas, por un lado ven como su propiedad cada vez vale menos en comparación con las de alrededor y a la par tienen que pagar cada vez más en relación con el valor de las viviendas próximas, iguales o similares ahora propiedad del Banco, sin que pueda dejar de pagar ni renegociar nada.

El absurdo llevado a su máxima consecuencia.

Estos propietarios se van a ver inmersos de los próximos años en una pérdida de poder adquisitivo importante, por un lado por tener que pagar más que el resto por su vivienda y por otro, porque todas las cargas y gravámenes van a repercutir sobre las viviendas y los sueldos que perciben.

Los propietarios privados de viviendas que han comprado y mantienen sus viviendas, son los otros perdedores de esta crisis y nadie se acuerda de ellos ni ofrece solución alguna.

Guindos concede a Bankia un aval de 15.000 millones para este año

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha firmado una orden por la que concede a Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, un aval para realizar emisiones por importe de 15.000 millones de euros. Dicho aval forma parte de los 100.000 millones que el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó para la banca en el decreto-ley con el que prorrogó los Presupuestos generales del estado para este año.

Las emisiones que realice la entidad en uso de este aval deben tener un vencimiento de uno a cinco años. En principio, la validez de la garantía estatal para emitir se extiende hasta el 30 de junio, pero es prorrogable.

La orden fue dictada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el pasado lunes 13 de febrero y ha sido publicada por Banco Financiero y de Ahorros dentro de un folleto de emisión que da cobertura a potenciales emisiones por importe de 30.000 millones de euros, de los que 15.000 millones lo serían bajo el amparo del aval.

Las entidades financieras europeas han recurrido a avales públicos para financiarse en los mercados mayoristas ante la desconfianza de los inversores en el sector. Solo las entidades más sólidas y con mejores posiciones de liquidez han evitado emitir con aval estatal.

La crisis de la deuda, por otro lado, ha encarecido incluso las emisiones con aval estatal, paralizando de hecho el acceso a los mercados de buena parte de las entidades, que han recurrido a financiarse ante el Banco Central Europeo.

El suelo adjudicado al grupo Bankia por impagos se dispara a 4.717 millones

Los activos inmobiliarios crecieron en 1.733 millones en el primer semestre de 2011.

En suelo, la posición neta ha aumentado un 56%.

La cartera de inmuebles de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, crece a fuerte ritmo, según las cifras facilitadas por la entidad en el folleto que acaba de registrar en la CNMV. En el primer semestre de 2011, la cartera de activos inmobiliarios que se ha quedado el grupo por el impago de préstamos ha crecido hasta registrar un valor neto de 10.515 millones, 1.733 millones más que a cierre de 2010, incluyendo 1.135 millones de participaciones en inmobiliarias y similares. La cifra bruta, antes de las provisiones y coberturas, sube de 12.113 a 14.020 millones en seis meses. Casi todo el incremento se ha producido en suelo, el activo más difícil de vender, donde la posición neta se ha disparado un 56% en seis meses, de 3.015 a 4.717 millones.

El grupo aún tiene créditos con suelo como garantía por un importe de 12.916 millones. BFA se encuentra con la necesidad de provisionar los activos que ya tiene en cartera, pero además ve cómo el problema va creciendo. En todo 2011, vendió inmuebles por unos 560 millones.

El folleto también recoge los resultados de BFA de enero a noviembre de 2011, periodo en el que ganó 193 millones. Esa cifra es inferior al resultado de 319 millones que logró en la primera mitad del año, de modo que entre julio y noviembre BFA sufrió pérdidas de 126 millones. El balance de BFA muestra que la entidad había pedido al BCE unos 20.600 millones a cierre de noviembre. BFA debe hacer frente a vencimientos de deuda e intereses por unos 2.000 millones este año.

Industria perfila el autoconsumo para aliviar el parón en renovables

Los usuarios podrán descontar del recibo de la luz el excedente que generen

Balance neto o net meetering. Fuera del mercado eléctrico y del negocio de las renovables, pocos saben qué significan esas dos palabras unidas. Y sin embargo, se van a popularizar. Simplificado, el balance neto es el sistema que va a permitir a los consumidores producir su propia electricidad, volcar a la red el excedente que pudieran generar y descontar ese excedente del recibo de la luz. El concepto va unido al autoconsumo, aunque va un poco más lejos.

Así, en apenas seis líneas, se escribe el germen de una revolución en el mercado de compraventa de energía: la posibilidad de que un consumidor (hogares y pequeñas y medianas empresas), mediante instalaciones fotovoltaicas o con pequeños molinos de viento, se desvincule de las grandes compañías.

Pero no es tan fácil. El autoconsumo eléctrico, hoy por hoy, es todavía un borrador de real decreto, que entró para su análisis en la CNE el 18 de noviembre —el borrador fue elaborado por el anterior Gobierno— que ha agotado el periodo de alegaciones y que, si hay que creer al nuevo Ejecutivo, va a ser “una alternativa real para instalaciones de pequeño tamaño a través del fomento del autoconsumo de energía eléctrica”.

La frase no es hueca. Está contenida en otra norma (el RD 1/2012) que ha establecido una moratoria en el pago de primas a las renovables y que ha puesto en pie de guerra, entre otros, al sector solar fotovoltaico. Tras la moratoria, el autoconsumo puede ser una salida para un sector ahogado y que, según fuentes de la federación de asociaciones UNEF, puede perder 10.000 empleos directos en meses.

La idea es que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación de autoconsumo

El balance neto, en ausencia de primas, puede ser una buena salida al sector fotovoltaico. Porque hasta ahora, el Código Técnico de la Edificación solo obliga a que las viviendas nuevas tengan un determinado porcentaje de solar para calentar agua sanitaria que varía según la zona de España. En Almería se exige un 70% y en Bilbao un 30%.

Ahora se da un paso más, según la norma en elaboración, se dirige a consumidores en baja tensión (la potencia máxima de la instalación será de 100 kw) que, con una inversión de en torno a 6.000 euros —en el caso del usuario residencial— y con una ocupación de espacio mínima (10 metros cuadrados) pueden instalar paneles fotovoltaicos para abaratar su factura eléctrica. La amortización de la inversión dependerá del lugar de residencia y la irradiación solar y, sobre todo, del valor que se conceda al kilovatio producido en autoconsumo.

Hogares y pymes podrán utilizar paneles solares y pequeños molinos

“Es la cuestión fundamental”, explica Luis Torres, director general de SunPower Energy Systems. “La cuestión del precio es una decisión política” añaden fuentes de UNEF, y de ella dependerá el desarrollo del balance neto. El asunto es simple. En el sistema diseñado, un hogar producirá kilovatios y una comercializadora se encargará de hacer la cuenta de la diferencia entre lo consumido y lo producido. Por los kilovatios que adquiera a la compañía distribuidora para completar sus necesidades, el consumidor abonará peajes de acceso y un “coste del balance neto”. Pero “¿qué peajes debe pagar un autoconsumidor cuyos kilovatios los consume en el mismo lugar o muy próximo a donde los produce?, ¿debe pagar costes de transporte?, ¿debe pagar pérdidas?, ¿debe pagar por capacidad?”, se pregunta un miembro de UNEF. “Durante un periodo de al menos dos años”, asegura Torres, “la valoración del kilovatio producido en autoconsumo debería ser la misma que la del producido en central, solo después, gradualmente, se debería, quizá, pagar determinados conceptos”.

Más regulación

Mientras se deciden los detalles de la norma, las asociaciones abogan por regular el autoconsumo en su sentido más amplio. La idea es que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación de autoconsumo. Porque según la última redacción conocida de la norma, una comunidad de vecinos o un polígono industrial no podría beneficiarse mancomunadamente del sistema. Cada vecino o cada empresa tendría que disponer de su propia instalación.

Con el sector renovable asustado y las compañías tradicionales velando por su negocio, el futuro es incierto. Aunque no todo el mundo tiene las mismas dudas. Un ejemplo: el director general adjunto del ITER (el proyecto internacional para la búsqueda de la fusión nuclear), Carlos Alejaldre, se ha mostrado públicamente convencido de que en el futuro las necesidades energéticas de toda la humanidad podrán ser cubiertas con energía solar y fusión.

España, entre los cuatro países de la UE con más desequilibrios económicos

Suspende en cuenta corriente, inversión internacional, cuota de exportaciones, deuda y paro

La Comisión Europea examinará el modelo de crecimiento de 12 de los Estados miembros

La Unión Europea quiere poner fin a los modelos de crecimiento económico desaforados a cualquier precio, que tantos desastres han generado en desempleo y deterioro del bienestar social. Se quiere evitar, por ejemplo, los modelos como los de España e Irlanda, basados en un crecimiento especulativo desenfrenado de la construcción, que cuando han estallado han acabado con un paro masivo, endeudamiento insoportable y bancarrota de numerosas instituciones financieras. La Comisión Europea dio a conocer este martes los criterios que empleará para verificar si las pautas de crecimiento adoptadas por los distintos países son sanas y sostenibles.

Es la otra pata del gobierno económico. Se vigilarán las cuentas de los Estados, es decir: el déficit y la deuda pública, aspectos sobre lo que se ha centrado la vigilancia de manera exclusiva. Pero a partir de ahora se examinarán también las características de la economía, su eficiencia y sostenibilidad. En su primera presentación, la Comisión ya seleccionó a una docena de países que en su opinión presentan más deficiencias y que deberán ser “investigados en profundidad”.

Se trata de España, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Hungría y Eslovenia. Otros cuatro países —Grecia, Irlanda, Portugal y Rumanía— no serán sometidos a este escrutinio especial, porque ya están bajo vigilancia y programas especiales como ayudas o rescates.

Los diez criterios elegidos en la tabla de marcadores con sus márgenes de variación de referencia son los siguientes: balanza por cuenta corriente, (que puede oscilar entre un superávit del 4% y un déficit del 6%); posición neta de inversión internacional con un máximo del 35% del PIB; (tipo de cambio efectivo real); cuota de mercado en las exportaciones (-6%); costes laborales unitarios, (entre +9% y +12%); variación del precio de la vivienda, (+6%); flujo de crédito al sector privado, (15% del PIB); deuda privada (160% del PIB%), deuda pública, (60% del PIB) y desempleo (105).

España es uno de los cuatro países que incumplen más indicadores: seis de los diez. Por ello está en el punto de mira de Bruselas de manera destacada. El promedio del déficit por cuenta corriente de los últimos tres años es del 6,5%. También es preocupante la posición neta de la inversión internacional, que es del 89,5% del PIB, y la pérdida de la cuota de mercado en las exportaciones, con una caída del 11,6%, en la media de los últimos cinco años. Sin embargo, las desviaciones más preocupantes son el fuerte endeudamiento del sector privado, que alcanza el 227%, y la tasa de desempleo promedio de los últimos tres años, que es del 16,5%, y con tendencia a crecer a lo largo de todo este año.

En relación con el desempleo español, el vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, precisó que en este caso “necesitamos más análisis de la evolución estructural del altísimo paro y de la difícil situación después de la prolongada burbuja inmobiliaria y el boom crediticio”. El comisario reconoció, no obstante, que España está llevando a cabo con determinación reformas estructurales con el fin de mejorar el mercado laboral y la competitividad.

En el caso de Francia, la Comisión señala que “se ha producido un deterioro gradual de su balanza comercial y una importante pérdida de su cuota de mercado de las exportaciones”. También el Reino Unido registra una importante pérdida de la cuota de exportaciones y un fuerte endeudamiento privado, mientras que Italia, además de una reducción de su cuota de mercado de las exportaciones, sufre una elevadísima deuda pública, del 118%. Alemania, con un superávit por cuenta corriente del 5,9% de promedio durante los últimos tres años, sale muy bien librada, a pesar de ser la causante de las burbujas inmobiliarias y de crédito en varios países por su fuerte exportación de capitales en búsqueda de rentabilidades más elevadas.

En los próximos meses, la Comisión analizará en profundidad la situación de cada país, considerando los incumplimientos de estos indicadores de una manera conjunta. Los ministros, a propuesta de la Comisión, decidirán si un país queda incurso en un procedimiento por desequilibrio excesivo. Si los desequilibrios indicados por uno o varios indicadores son “severos”, se le podrá imponer en una primera fase la constitución de un depósito generador de intereses de hasta el 0,1% del PIB. En una segunda fase, este depósito se puede convertir en multa si así lo decide el Consejo, a menos que una mayoría cualificada vote en contra. Las multas podrán materializarse si durante un año y medio el país no atiende a los diferentes avisos para tomar medidas correctivas, pero no serán en ni inmediatas ni automáticas. El seguimiento de los desequilibrios se realiza sobre todos los miembros de la UE, mientras que las sanciones financieras se impondrán solo a países de la zona euro.

La banca española sigue enganchada a la liquidez del BCE

Las entidades piden 133.000 millones en enero, el 37% del sistema europeo

La cifra refleja que los mercados están cerrados y las entidades temen que siga igual

A final de diciembre, el Banco Central Europeo (BCE) de Mario Draghi conectó la manguera de préstamos a tres años. Lo que no había querido hacer Trichet, lo hizo el italiano, para regocijo de los banqueros. Las entidades españolas pidieron más de 100.000 millones, cantidad que se reflejó en las estadísticas publicadas por el Banco de España. La media mensual de enero ascendió a 133.177 millones. Esta cifra solo se había alcanzado en julio de 2010, con el apogeo de la crisis de Grecia.

Solo la banca española ha pedido el 37% en la subasta total sobre lo reclamado por las entidades europeas. Este porcentaje sí es un récord. Refleja que los mercados están completamente cerrados y que las entidades españolas temen que sigan igual por mucho tiempo. No lo hacen para acaparar dinero y poder prestar, sino para atender a sus vencimientos de 2012 y 2013 y ganar dinero en el margen financiero. El BCE les deja el dinero al 1% y ellos compran deuda púbica que renta alrededor del 3%. Esos dos puntos porcentuales son oro puro para unas cuentas que sufren una caída de los márgenes porque las hipotecas viejas ya no son rentables.

Según algunas fuentes consultadas, un 40% de los compradores de letras y bonos no son españoles.  Por otro lado, apunta que la lluvia de millones tiene un efecto beneficioso para el sector “porque aleja el temor a que ninguna entidad pueda quebrar por falta de liquidez, algo que antes sí se temía. Esta circunstancia puede ayudar a que los grandes inversores se animen a prestar dinero a las entidades españolas a medio plazo”.

A final de febrero llegará la segunda subasta a tres años del BCE. Según Analistas Financieros Internacionales (AFI), la banca española volverá a pedir otros 100.000 millones más. En opinión de Vega, la clave será cuando en abril, con todos los temores de iliquidez cubiertos, “regresen o no los inversores y abran el mercado de financiación”. Esto es lo que bajaría la prima de riesgo, que ayer se mantuvo estable en niveles propios de la desconfianza absoluta, 333 puntos por encima de la deuda alemana.

La inyección a largo plazo alcanzó 154.976 millones, frente a los 85.000 del mes anterior y los 40.000 millones de enero de 2010. En este tipo de subasta, la banca española e italiana acaparó el 50% del dinero barato del BCE, lo que muestra con claridad dónde aprieta más el zapato.

Bankia pagará 3,8 millones de dólares por la quiebra de Lehman Brothers

Bankia está ultimando un acuerdo con algunos perjudicados por la quiebra de Lehman Brothers por el que la entidad presidida por Rodrigo Rato está dispuesta a asumir un pago de 3,8 millones de dólares (2,9 millones de euros) para evitar una demanda. Caja Madrid, hoy integrada en Bankia, actuó como aseguradora de emisiones de Lehman y fue demandada junto con otras entidades por no haber comprobado lo suficiente que la información financiera que presentaba Lehman era veraz. El acuerdo que se ultima es de todas las entidades.

Del pacto se ha desmarcado el fondo de pensiones Calpers, uno de los gigantes de la inversión colectiva con una demanda individual que ha sido desestimada en primera instancia por prescripción, pero cuyo archivo está recurrido. Según Bankia, en el peor escenario, el riesgo máximo por esta demanda sería de 20,228 millones de dólares (unos 16,6 millones de euros).

Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ha facilitado la información sobre el estado de los litigios de Bankia en el folleto continuado que ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El mayor de esos pleitos es el interpuesto por la aseguradora Aviva a través de un arbitraje. Las cifras definitivas que ha reclamado Aviva es de 934,6 millones más intereses. Aviva considera que con la integración en Bankia se ha roto el acuerdo que tenía con Bancaja para la venta de seguros y reclama ejercer la opción de venta en su filial conjunta por importe de 892,6 millones y una pena de 42,07 millones, más los intereses legales. Bankia tenía hasta hoy para presentar su contestación a la demanda, en la que insiste en que no hay incumplimiento y en que la nueva situación no le impide cumplir los compromisos.

Bankia ha ganando por ahora en el pleito por el que Ribertierra le reclamaba 25,2 millones por deficiente asesoramiento en financiación bancaria con garantía de bonos del banco islandés Landsbanki. El caso ha sido desestimado en primera instancia, pero está recurrido. La entidad también ha sido demandada subsidiariamente por los cooperativistas de La Tenería por 16 millones de euros y los de El Balcón de la Sierra, por 17 millones, pero las demandas se dirigen originalmente contra las aseguradoras que deberían responder de las cantidades aportadas para promociones que no se han llevado a cabo.

El balance de BFA muestra también que la entidad había pedido al BCE unos 20.600 millones a cierre de noviembre. La entidad señala que como consecuencia de la evolución negativa del riesgo soberano durante el mes de noviembre, la gestión de tesorería se orientó a incrementar la posición en el Banco Central Europeo como medida de protección ante las variaciones en precios y volúmenes que estaban registrando las cámaras de contrapartida.

La quiebra de Polaris costó a las cajas valencianas y al Popular 1.170 millones

La arriesgada y, a la postre, ruinosa apuesta de la CAM por el negocio inmobiliario, a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), alcanzó su cénit con su aventura en el frustrado macroproyecto urbanístico del grupo murciano Polaris World. La quiebra del grupo acarreó que la caja alicantina, junto con Bancaja, incluida su filial del Banco de Valencia y el Banco Popular tuvieran que asumir 1.170 millones de activos (suelo y viviendas) por el impago de los préstamos otorgados a la promotora.

Las tres entidades, según recoge el informe del Banco de España, constituyeron la sociedad Resorts Mediterráneo, SL, en previsión de que el grupo Polaris no pudiera hacer frente a los préstamos. Esa sociedad, en la que la CAM participaba con el 29,49% de las acciones, tuvo que asumir finalmente los activos de la promotora.

El modelo de negocio de Polaris consistía en la adquisición masiva de suelo rústico para construir segundas residencias. La CAM financió el proyecto con un préstamo de 9 millones de euros. El informe recoge que parte de la financiación de las cajas a la promotora murciana se realizaba mediante préstamos personales a los socios, bajo el concepto genérico de “necesidades de liquidez del grupo”.

En este apartado del negocio inmobiliario, el informe del Banco de España recoge la privilegiada relación de la caja con Rafael Gálea, socio mayoritario de su asociada Hansa Urbana. La promotora aceptó una operación (canje de terrenos a cambio de una deuda de 108 millones) que reportó a la caja 40 millones de plusvalías.

Por otra parte, el abogado que impulsó una querella contra la cúpula de la CAM ha solicitado al Banco de España que remita a la Audiencia Nacional los expedientes disciplinarios abiertos contra los exdirectivos de la entidad por los presuntos delitos penales que podrían derivarse. El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional tramita una querella de este abogado contra la exdirectora general María Dolores Amorós.

Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.

Artículo 1. Medidas para el saneamiento de los balances de las entidades de crédito.

1.         A las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias, correspondientes a la actividad en España de las entidades de crédito, tanto existentes a 31 de diciembre de 2011 como procedentes de la refinanciación de los mismos en una fecha posterior, y que a la referida fecha tuvieran una clasificación distinta de riesgo normal, les serán de aplicación las reglas de estimación contenidas en el Anexo I para determinar su deterioro.

2.          Sobre el total de las financiaciones de la naturaleza indicada en el apartado 1 que, a 31 de diciembre de 2011, estuviesen clasificadas como riesgo normal, se constituirá, por una sola vez, una cobertura del 7 % de su saldo vivo en dicha fecha. El importe de dicha cobertura podrá ser utilizado por las entidades exclusivamente para la constitución de las coberturas específicas que resulten necesarias como consecuencia de la reclasificación posterior como activos dudosos o subestándar de cualesquiera de dichas financiaciones o de la adjudicación o recepción de activos en pago de dichas deudas.

ANEXO I

1. Los activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas por las entidades de crédito y que cuenten con una antigüedad en balance superior a 36 meses tendrán un porcentaje de cobertura de al menos el 40 %.

2. Las coberturas que correspondan por operaciones calificadas como dudosas destinadas a la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encuentren terminadas, en ningún caso podrán ser inferiores al 25 % del importe del riesgo vivo.

3. Las coberturas que correspondan por operaciones calificadas como subestándar destinadas a la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encuentren terminadas, en ningún caso podrán ser inferiores al 20 % del importe del riesgo vivo. Este porcentaje será del 24 % para aquellas operaciones que no cuenten con garantía real.

4. Las coberturas que correspondan por operaciones calificadas como dudosas o como subestándar, destinadas a la financiación de suelo para promoción inmobiliaria o de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encuentren en curso, en ningún caso podrán ser inferiores a los porcentajes que se indican a continuación:

Clase de activo	Dudoso – Porcentaje	Subestándar – Porcentaje
Financiación de suelo para promoción inmobiliaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60	60
Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra parada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	50	50
Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra en marcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	50	24

5. Los porcentajes mínimos de cobertura relativos a activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas no podrán ser inferiores a los siguientes:

a) Activos recibidos consistentes en construcciones o promociones inmobiliarias terminadas, así como viviendas de particulares que no hayan sido residencia habitual de los prestatarios

El porcentaje de deterioro mínimo aplicable a los activos adjudicados en pago de deudas será del 25 %, y los porcentajes mínimos de cobertura en función de la antigüedad de su incorporación al balance serán los recogidos en el siguiente cuadro:

Plazo desde la adquisición	Porcentaje de cobertura
Más de 12 meses sin exceder de 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	30
Más de 24 meses sin exceder de 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	40
Más de 36 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	50

b) Activos recibidos consistentes en suelo para promoción inmobiliaria o construcciones o promociones inmobiliarias en curso, con independencia de la antigüedad de su incorporación al balance.

Clase de activo	Porcentaje de cobertura
Suelo para promoción inmobiliaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60
Construcción o promoción inmobiliaria en curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	50

ANEXO II

El exceso adicional de capital principal a que se refiere el apartado 4 del artículo 1 del presente Real Decreto-ley deberá ser equivalente a la suma de los importes que resulten de los cálculos que a continuación se señalan. De estos importes se deducirán las provisiones constituidas por dichos activos.

a)          Activos clasificados como dudosos y subestándar de acuerdo con el Anejo IX de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros:

Clase de activo	Porcentaje sobre importe del riesgo vivo
Financiación de suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	80
Financiación de promociones en curso (excepto subestándar con obra en marcha).	65

La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender

La vivienda es uno de los ejes de la reforma financiera del Gobierno. Consciente de la enorme cantidad de pisos sin vender (se calcula que en torno a un millón) y de la riqueza que generaría la reactivación del mercado, incluidos los ingresos en impuestos, ha apretado las tuercas a la banca para que no se los quede. Los pisos de promociones terminadas y “las viviendas de particulares que no hayan sido residencia habitual de los prestatarios” que tenga la entidad “en pago de deudas” deberán tener cubierto su valor en un 50% cuando hayan pasado más de tres años desde su adquisición.

Esto supone que, a cierre de este año, esas promociones y segundas residencias de particulares, principalmente de costa y de montaña, que estén en los balances bancarios desde 2009, tendrán que estar cubiertas en la mitad del precio de coste. Las exigencias son aplicables a los inmuebles en poder de la banca hasta el 31 de diciembre de 2011.

Luis de Guindos, ministro de Economía, aseguró que esta reforma sacaría muchas viviendas al mercado y abarataría los precios. Para Ángel Serrano, director general de negocio de Aguirre Newman, la conclusión es clara: “La nueva contabilidad de la reforma financiera supone un reconocimiento de que después de cuatro años de crisis, los precios no se han ajustado a la baja a la misma velocidad que lo hicieron al alza”.

En un principio, lo que transcendió de la reforma es que los pisos estarían provisionados en un 35%, pero el Boletín Oficial del Estado desveló los detalles del calendario escalonado de provisiones, dotaciones de dinero para anticipar posibles pérdidas. La máxima cobertura se aplica al peor activo, el suelo. Los créditos morosos o subestándar para compra de suelo o los terrenos que las entidades han recibido en pago de deudas, deben estar cubiertos en un 80%. Los planes de saneamiento deben presentarse antes del 31 de marzo. La reforma, según algunos expertos consultados, es una enmienda a la política del anterior Gobierno sobre el sistema financiero y a la lentitud (“indecisión”, dijo Mariano Rajoy) del Banco de España.

La norma abre dudas sobre el futuro de NovaGalicia Banco y Catalunya Caixa. “Se procede a la supresión de la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras o a terceros inversores propuestos por la entidad”. Esta críptica frase podría ser el final del acuerdo entre los directivos de estas dos entidades con el Banco de España por el cual podrían seguir al frente hasta encontrar inversores. El ministro dijo el jueves que las cajas nacionalizadas “deberían venderse lo antes posible”. Con esta idea, da la impresión de que el Gobierno busca que NovaGalicia y Catalunya Caixa sigan los pasos de CAM, Unnim y Banco de Valencia y sean subastadas lo antes posible. También se acorta el plazo máximo de desinversión del FROB de cinco a tres años.

La reforma aprieta, pero no quiere ahogar, al menos no quiere que la paguen los clientes. La norma permite que las entidades que tengan participaciones preferentes o deuda convertible en acciones soliciten antes del 31 de marzo “diferir por un plazo no superior a 12 meses el pago de la remuneración prevista” si entran en pérdidas o se quedan sin capital por los saneamientos. Pasado el año, si tienen resultados positivos o el capital adecuado, podrán pagar los intereses. Hasta el momento, el pago del cupón de las preferentes, renta fija perpetua, se anulaba cuando la entidad emisora entraba en pérdidas, como ocurrió con la CAM, generando un gran revuelo entre los clientes.

El real decreto concreta un tema también desconocido: en las entidades que necesiten ayuda, el FROB suscribirá convertibles contingentes, denominadas CoCos (renta fija). Las entidades deberán comprometerse a recomprarlas en cuanto estén en condiciones de hacerlo. El FROB podrá convertir los títulos en acciones si pasan cinco años (ampliables a siete) sin que hayan sido recomprados o si, antes, el Banco de España considera improbable que su recompra pueda llevarse a cabo en ese plazo. Lo que se desconoce es lo más importante: el tipo de interés a pagar por estas ayudas públicas. Se ha barajado el 8%, pero fuentes financieras apuntaron ayer que deberá ser superior “porque de lo contrario, Bruselas podría considerarlas ayudas de Estado y se computarían directamente como déficit”.

Sobre las restricciones de salarios, la norma aclara que si una entidad se fusiona con otra sometida al control de retribuciones, solo tendrán límites salariales los directivos de la entidad que necesitó ayudas, aunque también estos pueden modificarse.

Las entidades que se fusionen tendrán “un objetivo cuantificado de incremento del crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas durante los tres ejercicios siguientes a la integración”. Guindos habló de “incremento o mantenimiento del volumen de crédito”, pero el real decreto dice solo “incremento”, aunque no queda claro que el incumplimiento del “objetivo” tenga consecuencias. Además, deberán presentar un plan a tres años de desinversiones inmobiliarias.

La norma deja a criterio de Economía autorizar fusiones que solo supongan un aumento de balance del 10% (y no del 20%), “atendiendo a las circunstancias concurrentes en operaciones de análoga dimensión”.

El Banco de España defendió ayer la reforma financiera ante inversores, analistas y representantes de las entidades. En una reunión con el director general de Regulación, José María Roldán, se destacó el potencial del decreto para “el saneamiento del sector del ladrillo” en los balances. Según alguno de los presentes, una de las cuestiones que más interés suscitó fue el tipo de interés de los bonos convertibles (CoCos) que tendrán que pagar las entidades que necesiten capital. Roldán, tanto a esa pregunta como a otras, comentó que el asunto no estaba concretado. El director general sí afirmó que una entidad que necesite capital y, en cuatro meses no presente un plan de fusión, será nacionalizada. Algunos inversores mostraron su escepticismo sobre si esta será la solución final para el sistema financiero español.

El error de fondo de la Reforma Financiera.

Si la Banca pone el precio de los pisos al 50% del precio existente en el 2.006 como se supone, va a suceder, ningún piso en manos de promotores o particulares se va a poder vender en los próximos años. El que tiene una hipoteca al 80% de tasación anterior está hundido en la miseria y quien ha comprado y está pagando es un 30-40 % más pobre. El único camino que hay de solucionar este embrollo es la creación de un banco estatal que acumule las viviendas sin vender de la banca y de los promotores, que actúe en el mercado de alquiler y que digiera el problema en varios años.

Seguimos engañándonos pensando que el problema es de 50.000 millones. El problema es de casi 500.000 millones y eso no se soluciona aumentando el tamaño de entidades ineficientes como son en este momento las Cajas. Intentar que se fusionen cuando aún no se ha digerido la anterior es un suicidio colectivo. Un grave error.

Nadie sabe las viviendas vacías en España. Una cosa es que estén en poder de la banca o de las promotoras en torno al millón de viviendas y otra que existan entre dos y medio y tres y medio de millones de viviendas vacías.

Mientras los precios de la vivienda nos e asienten nadie está dispuesto a comprar y el problema no es la financiación ya que la inmensa mayoría de viviendas dispone de crédito hipotecario. El problema es que no se sabe cuál es el precio final de la vivienda que te pueda interesar.

El planteamiento de adjudicar a fondos buitres a precios regalados las viviendas en poder de las cajas es un grave error ya que hunde al resto del sector.

Y el otro problema más grave es que los paganos de esta historia son los que han comprado y han pagado a precio de oro en los años del boom y ahora tienen que seguir empobrecidos 30 años. Muy duro para la clase media .

El Gobierno presenta la reforma del sistema financiero, que pretende el saneamiento y la consolidación del sector

·         El objetivo de la reforma es mejorar la confianza, credibilidad y fortaleza del sistema financiero para que pueda volver a financiar el crecimiento económico y la creación de empleo

·         El proceso de saneamiento, valorado en 50.000 millones de euros,  será el más intenso de toda la UE

·         El esfuerzo de provisiones se realiza de una sola vez, incidiendo en la cuenta de resultados de un único año

·         Las provisiones para activos problemáticos aumentan hasta el 80% según los casos y se crea una genérica del 7% para el resto del crédito promotor

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó hoy que la reforma del sistema financiero pretende conseguir un sector más saneado y mejor dimensionado, con el objetivo de que vuelva a ejercer su función principal: conceder crédito a familias y empresas para recuperar el crecimiento económico y la generación de empleo.

El nuevo esquema de saneamiento y consolidación del sector financiero, que previsiblemente se aprobará mañana en Consejo de Ministros, es uno de los ejes básicos –junto al presupuestario y al laboral- del programa de reformas estructurales del Gobierno, que forma parte de los compromisos asumidos por España con sus socios comunitarios y es clave para recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales.

La reforma pretende disipar las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances, proceso que incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles.

El sector financiero saldrá de este proceso más fortalecido, con menos entidades pero más sólidas, de forma que las instituciones españolas se sitúen entre las más saneadas de la UE. Ningún otro país del entorno comunitario ha diseñado un proceso de saneamiento de activos semejante, pese a que en algunos casos la crisis financiera les ha afectado de forma más intensa.

A diferencia también de lo ocurrido en otros países, en el caso español la reforma no tendrá impacto en el déficit público; es decir, no supondrá coste alguno para el contribuyente, ya que los saneamientos los asumirán las propias entidades con cargo a resultados o a capital, para lo que se habilitan plazos razonables.

Saneamiento de activos inmobiliarios

Los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor del conjunto del sistema financiero español ascienden a 323.000 millones de euros (a 30 de junio de 2011), de los que 175.000 millones se encuadran en la categoría de problemáticos (88.000 millones en suelo y promoción en curso y 87.000 millones en promoción terminada y viviendas adjudicadas). Los niveles medios de cobertura actual de las entidades sobre el conjunto de activos problemáticos se sitúan entre el 31% (suelo), 27% (promociones en curso) y  25% (promoción terminada y viviendas).

La incertidumbre sobre la valoración de estos activos es uno de los factores que dificultan a las entidades acudir a los mercados de financiación mayorista,  con la consiguiente detracción de crédito para financiar al sector privado de la economía. Por ello es imprescindible clarificar el panorama y situar la valoración de activos en una posición más acorde con la del mercado.

Con este objetivo, se establecerán saneamientos adicionales por un valor total de 50.000 millones de euros a través de nuevas provisiones y colchones de capital. Aquellas entidades que participen en procesos de fusión (consolidación) tendrán unas condiciones más flexibles para adaptarse al nuevo marco. El objetivo es lograr un ajuste en el exceso de capacidad del conjunto del sector y que mejore la eficiencia de las nuevas instituciones. En definitiva, menos entidades pero más saneadas.

Para los activos problemáticos se establece una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a resultados, por un importe próximo a 25.000 millones de euros. Se prevé, además, un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada…), por un importe estimado en torno a 15.000 millones de euros.

En el caso de los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria se establece una provisión genérica del 7%,  en previsión de un posible deterioro futuro, dado que representan un riesgo más elevado que el resto de la cartera crediticia. Esta provisión se realizará contra resultados y su importe estimado estará en torno a 10.000 millones de euros. La fecha límite para realizar la provisión específica, la genérica y la dotación de capital será el 31 de diciembre de 2012.

Tras la reforma, las provisiones específicas más el colchón de capital cubrirán un  80% de los activos problemáticos (hasta ahora el 31%) en el caso del suelo; el 65% en el caso de las promociones en curso (antes el 27%) y el 35% en promoción terminada y vivienda (antes el 25%).

La suma total de saneamiento, considerando las provisiones y el colchón de capital, ascenderá a 50.000 millones de euros, una cifra que tiene carácter extraordinario y se exigirá, por tanto, de una sola vez. Se trata de un esfuerzo de saneamiento muy sustancial, habida cuenta de que el realizado por el sector bancario español desde 2008 a junio de 2011, con provisiones específicas, alcanzó 66.000 millones de euros.

Concentración para ganar eficiencia

El régimen de fusiones previsto en la norma que mañana aprobará el Consejo de Ministros establece que las entidades que opten por esta vía deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo que hagan posible una integración rápida y eficiente. Asimismo, las entidades en proceso de fusión deberán asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito.

Los plazos para resolver los procesos de concentración serán extremadamente reducidos. Las entidades deberán presentar los proyectos de fusión antes del próximo 30 de mayo y las solicitudes se resolverán en el plazo de un mes.

Para impulsar este proceso de fusiones y consolidación del sector, los saneamientos exigidos se realizarán durante dos ejercicios. El saneamiento requerido de los activos se podrá hacer contra el patrimonio. En caso de acudir a la financiación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo podrán hacer a través de bonos convertibles contingentes. La dotación patrimonial del FROB aumentará hasta 15.000 millones de euros, de tal forma que se mejora su capacidad de endeudamiento.

En definitiva, con este significativo esfuerzo de saneamiento se conseguirá un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados de capitales, y una mejora del flujo de crédito a la economía real, con un impacto positivo sobre la producción y el empleo. Además, facilitará la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de la banca, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda.