Oliver Wyman rebaja drásticamente las pérdidas de préstamos para suelo

La consultora Oliver Wyman ha rebajado drásticamente en el examen definitivo a la banca su estimación de pérdidas por créditos con suelo como garantía, especialmente el no urbano. Mientras que en julio calculaba hasta un 100% de pérdidas, ahora cuenta con que estas serán solo del 56% en el escenario adverso y de menos aún, del 37%, en el escenario base, supuestamente más previsible. Las pruebas a la banca concluyen que la mayor parte del crédito promotor (incluido el ya moroso) no se convertirá en pérdidas ni en el escenario base ni en el adverso.

Los activos tóxicos del ladrillo son la gran preocupación de inversores y analistas internacionales sobre la salud de la banca española. El examen de la consultora Oliver Wyman confirma que serán la principal fuente de pérdidas, pero su cálculo queda muy lejos de escenarios apocalípticos. Según sus pruebas, de una cartera de 227.000 millones de crédito promotor, la banca tendría pérdidas de 64.900 millones (el 28,6%) en el escenario base y de 97.100 millones (el 42,8%) en el escenario adverso, por debajo de las cifras que calculó en julio antes de analizar con más detalle las carteras de las entidades.

Las pérdidas esperadas para el crédito promotor en el escenario adverso oscilan entre el 27,3% para los créditos que tienen como garantía viviendas terminadas, lo que equivale a un quebranto de 23.900 millones, y el 63,9% para los créditos que no cuentan con garantía hipotecaria, lo que supone una pérdida del 63,9%.

La rebaja más drástica de las pérdidas se produce en el suelo no urbano. En julio, Oliver Wyman cifró la pérdida esperada para los créditos con suelo no urbano como garantía en el 90%-95% para el escenario base y en el 100% para el adverso.

La consultora parece reconocer ahora su error de llegar a decir que los bancos podrían llegar a no recuperar ni un solo euro de esa clase de crédito. Ahora, no solo admite que parte de los créditos se pagarán, sino que además parece considerar que el suelo no urbano tiene un valor considerable como garantía en relación con el valor de los créditos, porque incluso en el caso de impago de los préstamos, las pérdidas que calcula serían del 61% en el peor escenario.

La conclusión de Oliver Wyman es que solo un 9% del crédito promotor financia bienes que superan el valor del préstamo. En cambio, en un 45% de toda la exposición al ladrillo, esa relación entre préstamo y valor del inmueble (loan to value, LTV) es inferior al 60%. La firma que ha hecho el examen llega a la conclusión de que el LTV en España es relativamente bajo comparado con otros países. la media con las últimas tasaciones es del 62%, frente al 100% de Irlanda o el 80% de Estados Unidos. Con la vista puesta en 2014, la media subirá al 85% o al 99%, dependiendo de cuál sea el escenario. El problema es que hay una fuerte dispersión entre unas entidades y otras, de modo que en algunas el LTV puede llegar a ser del 122%.

El informe desvela que entre las pérdidas que se han computado para calcular las necesidades de capital de los bancos están 5.500 millones procedentes de créditos que ni siquiera se han concedido todavía (o que no se habían concedido a 31 de diciembre pasado, fecha a la que va referida el examen). El análisis llega a la conclusión de que se concederán esos créditos y que parte de los mismos provocarán pérdidas en el futuro, así que hay que cubrirlas.

Para esta imbecilidad se han gastado un montón de millones de euros en una auditoria que no refleja la realidad y que vamos a ver dentro de unos meses como se nos acusa como en el caso griego de engañar a los socios europeos. Una pena

DOS AÑOS PERDIDOS Y SEGUIMOS SIN APRENDER NADA.

Los profesionales inmobiliarios vimos en el otoño de 2.007 que las cifras de ventas cayeron de repente, se vendió una parte menos que en 2.006 y mucho menos que 2.005 que fue el cénit.

En 2.008 vino la quiebra de Lethman y comenzó a enterarse la clase política que algo sucedía.

Hasta Mayo de 2.010 o se enteró Zapatero y con él, la Oposición de entonces, el actual Gobierno.

Desde entonces solo vamos de recorte en recorte y tiro porque me toca, no se ha hecho nada por valorizar las viviendas cerradas y sin vender, por poner orden en el número de viviendas en poder de los bancos y cajas y por saber las que están en manos de los promotores mediante nuevos créditos que son un engaño de la realidad.

Las cifras que se están dando de las necesidades de financiación de la Banca, son el chocolate el loro.

NO existe un Plan, no se sabe qué hacer, los gobernantes tanto nacionales como regionales no saben nada, no tienen NPI de qué hacer. Así que el camino está claro: EL PRECIPICIO.

Oliver Wyman fijará precios de referencia para los activos del banco malo

La consultora tiene la orden de indicar el importe de las adquisiciones

La entrada de inversores privados se convierte en un tarea complicada

Oliver Wyman, la consultora que analiza el capital que necesitará la banca española, se ha convertido en una experta en las carteras inmobiliarias de las entidades. Oliver está terminando un informe en el que indicará qué grupos bancarios, de los 14 existentes, tienen o no déficit de capital en un hipotético escenario económico adverso. Por eso, ha examinado con lupa los créditos y los activos relacionados con el ladrillo. Tras este trabajo, se ha hecho experto en el asunto, por lo que el Banco de España y la Comisión Europea han acordado que sea el que ponga los precios de referencia a los activos que comprará el banco malo, según fuentes del mercado.

Como la variedad de activos es enorme, Oliver ha reunido en grupos homogéneos, por tipología (suelo, promociones, vivienda terminada), por las poblaciones y por los permisos administrativos, para homogeneizar valores. A fin de mes entregará el documento al Banco de España.

Los precios a los que se compren los activos determinarán el éxito o fracaso del banco malo. Para que el importe de las adquisiciones no incremente la deuda pública, el Estado tiene que tener menos del 50% de la gestora. Para eso necesita compradores privados, una tarea que está resultando difícil tras los contactos con bancos y aseguradoras.

Si compran a bajo precio, la banca tendrá un gran agujero y el Gobierno tendrá que rescatar a más entidades. Si pagan mucho, los inversores no querrán entrar.

Por otro lado, el 24 de septiembre se presentarán las primeras conclusiones del informe al comité técnico, compuesto por Economía, el Banco de España, la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Días después se llevará al comité estratégico y, al final de la semana, se harán públicos.

El banco malo competirá en superioridad frente a la banca sana

Con independencia de que el examen que ultima la consultora Oliver Wyman lleve al Banco de España a intervenir alguna nueva entidad, la hoja de ruta que marca el último decreto de reforma financiera supone que, de partida, el banco malo aglutinará la carga inmobiliaria que descansa en los balances de Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia. Una herencia que ronda los 75.000 millones de euros y que convertirá a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, que así se llamará esta herramienta, en la mayor inmobiliaria del país. Un gigante que promete convertirse en un duro competidor para el resto de actores del sector.

"Habrá que ver si las autoridades que velan por la competencia no tienen nada que decir ante esta sociedad dominante", desarrolla Mikel Echevarren, consejero delegado de la consultora Irea. "Si al final el banco malo se queda con la mitad del mercado inmobiliario, eso supondrá serios problemas para la banca sana y los promotores que tienen el arrojo de seguir haciendo cosas con su dinero", advierte.

De hecho, colectivos como el colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria (Coapi) o la asociación de usuarios de bancas, cajas y seguros (Adicae) denuncian que "la creación del banco malo puede generar competencia desleal con el sector privado.

Uno de los fundamentos de estos temores se basa en el precio de las transacciones. Los agentes de la propiedad dan por hecho que la constitución del banco malo supondrá un "aumento en el abaratamiento de los inmuebles". Aunque el precio de traspaso de los activos está aún por determinar, Bruselas está presionando a España para que acepte una valoración a la baja. Esta podría superar el descuento al que obligan las provisiones exigidas por el Gobierno, es decir, rebajas más allá del 35% para la vivienda terminada, del 65% para promociones en curso y del 80% en el caso de los solares. Las entidades están comercializando ahora mismo sus viviendas tomando estos saneamientos como referencia y ofreciendo descuentos levemente superiores cuando es necesario, en el entorno del 35% al 40%.

Si Banco de España plantea descuentos muy superiores para los activos que pasen al banco malo, este tendría mucho más margen para comercializar sus activos ofreciendo descuentos, por ejemplo, del 50% en vivienda terminada y obteniendo beneficios aun así. La banca sana, por el contrario, aumentaría sus pérdidas si quisiera igualar estas ofertas.

A la espera de que se decida exactamente cuál será el precio del traspaso, lo que sí estará claro es que el banco malo tendrá a su favor el apoyo público que las entidades sanas no tendrán. "Un tema que afectará a la competencia es el de la financiación que se ofrecerá a los particulares que compren activos del banco malo", avanza Julio Gil, de la consultora inmobiliaria Horizone. En efecto, el decreto aprobado por el Gobierno recoge la posibilidad de que se conceda "apoyo financiero" a quienes adquieran activos del banco malo.

Quejas en el sector inmobiliario

"Las entidades financieras van a recibir ayuda económica pública", ahondan desde el colegio de agentes inmobiliarios, donde defienden que "este planteamiento puede introducir distorsiones en el mercado, ya que la norma olvida a todos los agentes jurídicos y profesionales que actúan en el sector privado", reivindican.

Ángel Serrano, director general de negocio de Aguirre Newman, considera que es pronto para vaticinar cuál será el daño que pueda causar el banco malo a sus competidores, pero asume que la preocupación está ya en el ambiente y que, desde luego "todo el mercado va a estar expectante para conocer cuál será la influencia que va a tener en los bancos que no necesiten asistencia y en el resto del sector inmobiliario".

La banca separará el ladrillo en sociedades de liquidación a largo plazo

El Banco de España y el Gobierno diseñan la salida del balance para recobrar confianza

Las nuevas firmas no estarán controladas por las entidades financieras

Los inversores y expertos internacionales presionan contra la banca española. Y no hay mucho tiempo para transmitir señales tranquilizadoras a mercados. El siguiente paso será crear sociedades inmobiliarias (en el Banco de España rechazan el término “banco malo”, porque no tendrán actividad financiera ni ficha bancaria) donde las entidades depositarán el ladrillo en buena parte provisionado y que actuarán como sociedades de liquidación a largo plazo. Faltan detalles por perfilar, pero la decisión de avanzar por ese camino está tomada.

Se trataría de una segunda fase de la reforma financiera impulsada por el Gobierno del PP. Una vez que se ha reconocido un valor más bajo a los activos inmobiliarios (especialmente a los más tóxicos, como el suelo), el siguiente paso sería sacarlos del balance a sociedades en las que bancos y cajas no sean mayoritarios, de forma que se desconsoliden de sus balances, bien porque sean sociedades compartidas por varias entidades o bien porque entren nuevos socios inversores, aunque no será fácil encontrarlos. Las sociedades del ladrillo vivirán unos 10 años. Pasado este tiempo, se saldarían con pérdidas o ganancias.

La cartera inmobiliaria “problemática” asciende a 175.000 millones, que está cubierta con dotaciones en un 54%, una cantidad superior a otros países europeos y a EE UU. El supervisor y el Gobierno quieren extirpar este cáncer sin ayudas públicas, pero admiten que si se aplica un nuevo recorte del valor de los activos inmobiliarios (de entre el 10% y el 15%) algunas entidades podrían necesitar una inyección de dinero público del FROB, que tendrán que devolver.

El objetivo es triple: frenar la loca escalada de la prima de riesgo; que los expertos analicen el problema del ladrillo de forma aislada y que los gestores se concentren en su negocio y circule el crédito. A la vez, el Gobierno maneja más palancas: la recapitalización del Fondo de Garantía de Depósitos y acelerar las fusiones entre excajas.

Pese al recién aprobado saneamiento extraordinario de la banca por 53.000 millones, la medida no ha sido suficiente para los inversores extranjeros. Creen que si la economía española sigue en recesión, los inmuebles se depreciarán más y la morosidad escalará del 8% actual hasta el 12%. Para tapar este problema, el consenso del mercado es que podrían necesitarse unos 50.000 millones adicionales. El Banco de España y el Gobierno rechazan esta teoría, pero no se puede ir contra el mercado y han decidido mover ficha: sacar la inversión inmobiliaria para despejar las dudas sobre la solvencia del sector. El Banco de España lo reconoció la semana pasada y ahora, junto con el Gobierno y las entidades financieras, han diseñado las líneas maestras.

El modelo que se seguirá, según fuentes financieras, se basa en crear varias sociedades inmobiliarias, dependiendo del tipo de activos que se traspasen: suelo, viviendas en construcción, promociones terminadas, etcétera, en las que participarían las diferentes entidades y para las que se trataría también de incorporar inversores. Se prefiere esa fórmula de unas pocas sociedades conjuntas en lugar de crear una para cada entidad, pero eso conlleva una dificultad con las valoraciones de los activos que aporte cada banco o caja. Se considera que deberán traspasar “lo que se pueda vender. Es decir, no suelos imposibles ni pisos que están colocando las entidades con facilidad, porque para eso no se necesita una sociedad”, dice un experto.

La pérdida de control de la sociedad es una condición necesaria para que, desde el punto de vista de la contabilidad europea, se pueda considerar que se ha desagregado realmente del balance. Es decir, no valdría crear filiales inmobiliarias porque consolidarían en el balance. La ventaja actual de las entidades es que han incrementado mucho las provisiones para cumplir con el decreto sobre activos inmobiliarios.

Los bancos cederán la gestión y el control de las sociedades a expertos que valorarán los activos. Si los tasan al precio que figura en los libros del banco, es decir, con el descuento que supone la provisión, no habrá problemas. La entidad se desprende del bien y libera el riesgo que suponía, con lo que le dejará de consumir capital y podrá conceder préstamos a sus clientes. Al menos, en teoría.

En el caso en el que la tasación sea inferior al valor en libros, el proceso se complica. Las entidades afectadas deberán cargar contra capital la diferencia entre lo que han provisionado y lo que dice el experto que vale ese activo. Si un solar adquirido por 10 millones está provisionado al 70%, lo podría traspasar por 3 millones. Pero si el gestor de la sociedad dice que vale 2 millones, la entidad debería hacer un saneamiento extraordinario por un millón más. En este caso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría cubrir provisionalmente la diferencia con su patrimonio, aunque también se estudian otras fórmulas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido en que no habrá dinero público para ese proceso y ha subrayado que “el Gobierno no creará un banco malo, ni nada”.

El Gobierno no creará las sociedades, sino que serán las entidades financieras, pero el Ejecutivo y el Banco de España estudian cómo impulsar y liderar ese proceso. En principio, tendría carácter voluntario, pero se trataría de que la regulación lo propiciase.

España ha tomado el proceso inverso al europeo y estadounidense. Allí, primero se crearon los bancos malos y luego se recapitalizó el sistema financiero. Además, se hace tarde. En Europa, entre 2008 y 2009, los Gobiernos inyectaron capital a los bancos para que soportaran la depreciación de los activos inmobiliarios y el hundimiento de la economía. En España, en aquellos años, el Gobierno de Zapatero y el Banco de España creyeron que con las provisiones anticrisis, un colchón que no existía en ningún otro país, se podría aguantar la gran depresión. Pero no fue suficiente.

“Ahora que la banca europea ha pasado lo peor, España rebusca fórmulas para salvar al sector y que vuelva a conceder créditos. Hubiera sido mejor haberlo hecho en 2008 pero ahora se puede por las altas provisiones. Es una buena opción”, comenta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.

El Banco de España estudia sacar del balance de la banca los activos del ladrillo

El Ministerio de Economía, el de Hacienda y el Banco de España están recibiendo múltiples propuestas sobre cómo sacar de los balances los activos inmobiliarios para despejar las dudas sobre la solvencia del sector. Este tema está detrás de la depreciación bursátil de los bancos.

Ayer, el director de Regulación del Banco de España, José María Roldán, realizó una presentación sobre la banca ante un centenar de analistas financieros y este asunto fue el tema estrella. Roldán se preguntó sobre la conveniencia de separar estos activos del resto del negocio.

El supervisor niega que esto sea el germen de un banco malo. Su idea es agrupar los activos del ladrillo, previamente provisionados, y separarlos en una sociedad inmobiliaria para que lo gestione un experto. Algunos analistas consideran que puede ser similar a lo que se hizo en Suecia en la crisis de los años noventa. En aquel caso, la banca y el Gobierno de Estocolmo capitalizaron parte de esta sociedad, donde colocaron los activos dañados por valor de 2.750 millones. Los gestionó un experto y, al final, los contribuyentes perdieron 1.650 millones.

Roldán dijo que se podrían incluir los activos problemáticos, cubiertos en un 80% en el caso del suelo y al 65% si son viviendas en fase de desarrollo.

La ventaja de esta operación, según Roldán, es que “eleva la claridad” sobre la parte de los balances más estigmatizados por los expertos internacionales. También que centra la gestión de los banqueros en su negocio habitual, olvidándose de la pesadilla que supone ser una inmobiliaria.

El problema puede ser que, antes de pasarlos a una sociedad, los activos deberían ser tasado otra vez y eso puede exigir más dotaciones. ¿Quién las pagará?

La morosidad inmobiliaria se multiplica por diez desde principios de 2008

Desde que comenzó la crisis, en 2008, las cuentas del sector financiero español se han visto seriamente dañadas por la morosidad de las empresas inmobiliarias, que ha pasado del 1,98 % registrado en el primer trimestre de ese año al 20,9 % con que cerró 2011.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, de los 298.267 millones de euros que las entidades financieras españolas tenían concedidos a cierre del año pasado a empresas inmobiliarias, 62.366 millones eran morosos, cifra que creció en 4.789 millones en un solo trimestre.

De hecho, entre julio y septiembre de 2011, la mora de las empresas inmobiliarias se situó en el 18,97 %, ya que había 57.577 millones de euros impagados de una cartera de 303.506 millones.

En cuanto a la evolución interanual, la morosidad inmobiliaria aumentó en siete puntos básicos, desde el 13,98 % que registró en el último trimestre de 2010 al 20,9 % de un año después, para una cartera crediticia inmobiliaria que entonces sumaba 315.782 millones, con lo que se redujo en ese periodo en 17.605 millones.

Los datos del Banco de España también reflejan un fuerte crecimiento de la mora de las empresas constructoras, ya que terminaron el ejercicio con un 17,65 % de créditos impagados, muy por encima del 12,12 % que tenían en diciembre de 2010.

En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, la diferencia era de poco más de un punto y medio porcentual, ya que se situaba en el 16,09 %.

La actividad inmobiliaria y de construcción ha pasado de ser el principal motor de la economía española a su mayor lastre en apenas cuatro años, igual que ha ocurrido con las cuentas de los bancos, que arrastran una mora global muy inferior a la de estos deprimidos sectores.

En concreto, la morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito cerró 2011 en el 7,61 %, su nivel más alto de los 17 años anteriores, en concreto desde noviembre de 1994, cuando se situó en el 8 %.

Este alza de la morosidad es consecuencia del incremento de los créditos dudosos, que en diciembre de 2011 alcanzaban los 135.838 millones de euros frente a los 134.227 millones de noviembre, según los datos del Banco de España.

De esa cantidad, los dudosos de los sectores inmobiliario y de construcción rozaban los 80.000 millones de euros, al situarse en 79.759 millones, lo que significa que el 58,7 % de los impagos de todo el sector financiero español procedían de este sector.

Pero la situación era mucho peor un año atrás, ya que los impagados inmobiliarios representaban el 73 % de los dudosos totales de la banca, casi las tres cuartas partes de esa cartera impagada.

Por su parte, la cartera crediticia total de bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito se redujo hasta 1,782 billones de euros en diciembre, desde los 1,785 billones que tenían concedidos en noviembre.

Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos. Cataluña

Sección cuarta. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Artículo 62. Actos jurídicos documentados.

Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se modifican las letras b y e del artículo 7 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que quedan redactadas del siguiente modo:

«b) El 1,8%, en el caso de documentos en los que se haya renunciado a la exención en el IVA conforme a lo dispuesto por el artículo 20.2 de la Ley del Estado 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.

e) El 1,5%, en el caso de otros documentos.»

Artículo 63. Bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

1. Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la novación modificativa de los créditos hipotecarios pactada de común acuerdo entre el deudor y el acreedor, siempre y cuando este último sea una de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley del Estado 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, y que la modificación se refiera al tipo de interés inicialmente pactado o vigente o a la alteración del plazo del crédito o a ambas modificaciones, tienen una bonificación del 100% de la cuota tributaria del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados, establecida por el artículo 32.1 del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con un límite de 500.000 euros de base imponible.

2. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, en la transmisión de la vivienda habitual que efectúe su propietario en favor de la entidad financiera acreedora, o de una filial inmobiliaria de su grupo, porque no puede hacer frente al pago de los préstamos o créditos hipotecarios concedidos para su adquisición, siempre y cuando el transmitente continúe ocupando la vivienda mediante contrato de arrendamiento con opción de compra firmado con la entidad financiera.

Para poder acceder a esta bonificación, la duración del mencionado contrato de arrendamiento tiene que ser pactado, como mínimo, por diez años, sin perjuicio del derecho del arrendatario de volver a adquirir la vivienda antes de la finalización de este plazo.

El importe máximo de esta bonificación se fija en la cuantía equivalente a la aplicación del tipo impositivo sobre los primeros 100.000 euros de base imponible.

3. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los siguientes casos y condiciones:

a) Los contratos de arrendamiento con opción de compra firmados entre las entidades financieras acreedoras, o una filial inmobiliaria de su grupo, y los propietarios que transmiten la propiedad de su vivienda habitual a estas entidades. Los contratos de arrendamiento deben realizarse sobre las viviendas habituales que se transmiten. Esta bonificación se hace extensiva a la opción de compra.

b) La adquisición de las viviendas por parte de las personas físicas que, al no hacer frente a los pagos, habían transmitido la vivienda a la entidad financiera acreedora o a una filial inmobiliaria de su grupo y que, posteriormente, y en el plazo de diez años desde dicha transmisión, lo vuelven a adquirir.

4. Las bonificaciones a las que se refiere este artículo se aplican si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Los titulares de la vivienda son personas físicas.

b) Se trata de su vivienda habitual.

A los efectos de estas bonificaciones, se considera vivienda habitual la que se ajusta a la definición y los requisitos establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El Banco de España se convierte en árbitro de las quejas por los desahucios

El Boletín Oficial del Estado  publicó ayer el Real decreto-ley con las nuevas reglas que protegen a las personas sin recursos para pagar el crédito hipotecario de su vivienda, siempre que estén en riesgo de exclusión social. Los bancos que se adhieran al código de buenas prácticas desarrollado por esta norma deberán ofrecer un plan de reestructuración de la deuda, con intereses más bajos y plazos más amplios. Si aún así el pago no es posible, una quita del 25%. Y, en último caso, están obligados a aceptar la dación en pago de la casa por el total de la deuda.

El decreto establece una doble vía ante los posibles incumplimientos de las entidades que firmen el código de buenas prácticas. Si la persona afectada cree que el banco no se ajusta al código, que se ha llegado al desahucio sin haber recibido las ofertas previstas, solo le queda la opción de reclamar ante el Banco de España.

Además, puede haber una llamada de atención pública: una comisión de control, integrada por representantes del Banco de España, la Asociación Hipotecaria Española, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, publicará cada seis meses un informe en el que se evaluará, entidad a entidad, el grado de cumplimiento.

Los bancos pueden adherirse al código de buenas prácticas a partir de ahora, aunque el primer listado de entidades no será publicado por el Ministerio de Economía hasta abril. Las entidades se comprometerán así a cumplir el código durante dos años, un plazo que se prorrogará después año a año, salvo que el banco diga lo contrario.

La norma es mucho más concreta y dura al establecer las consecuencias de que la persona que debe el crédito hipotecario se beneficie de las nuevas reglas sin cumplir los requisitos que determinan el umbral de exclusión. “Será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización”.

También es contundente para garantizar que las personas que se queden en la vivienda tras su dación en pago —la norma obliga a la banca a ofrecer dos años en alquiler con una renta anual muy baja, un 3% de la deuda pendiente—, paguen ese arrendamiento.

A los seis meses del impago de la renta de alquiler, el banco podrá iniciar el desahucio de las personas que viven arrendadas en esa casa dada en pago de la deuda. Y como interés de demora se aplicará un 20%, añade el decreto.

La posibilidad de un banco público:

En España conocimos el Banco Hipotecario de España por ejemplo, el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Local.

Entonces eran unos tiempos y ahora son otros. 
La claridad que se pide es muy fácil si se quiere más aún con los sistemas informáticos actuales. 
Donde no hay claridad es en la Banca y las Cajas hoy ni la habrá ya que si el Banco de españa abre la veda casi todos los directivos tendrían problemas muy serios con la Justicia. Todo llegara.. 
El primer problema que planteas solucionado. Claridad total y absoluta. Transparencia desde el inicio en todo. 
El precio de adjudicación de los inmuebles se fija en cada caso sea primera vivienda, segunda, solar, promoción etc. Los precios hoy con el sistema de provisiones ya está prácticamente fijado. 
A los precios fijados el Banco estatal se queda los activos, de la Banca, de los promotores y de los particulares, sólo que en este caso se los queda por lo pendiente de la hipoteca, se tengan o no problemas para permitir que quien lo desee deje su vivienda y se la endose al Banco estatal. 
La Banca se subroga en las hipotecas en las cantidades adjudicadas. 
El diferencial entre el precio adjudicado y el que figure en balance lo asume la Banca y ese diferencial da lugar a un saldo a regularizar en los ejercicios que se establezcan a cuenta de los beneficios a obtener. 
La partida del balance de dichas cantidades se compensa con un apunte contable del gobierno que avala, solo avala contablemente dichas cantidades. 
Eso no supone nada excepto que se sabría cual es la diferencia contable de los saldos necesarios y ahí entra el Banco central Europeo. 

EL TOCOMOCHO DE LA BANCA CON LAS VIVIENDAS

Vivimos en un mundo globalizado que hace que primero te presten el dinero, luego no te lo renueven así que te vuelves loco para pagar y al final los que te han prestado el dinero para que compres o construyas se quedan lo que has promovido o construido por la mitad o menos. 

Bonita paradoja de la globalización. 
Y no pasa nada, el BCE sigue dándole a la maquinita a cuenta gotas para que los bancos sigan buscando las gateras de escape para no quebrar. 
Ahora cuando ya se ha comido toda la deuda griega dice que no admite más. 
Es todo un TOCOMOCHO A GRAN ESCALA Y NOSOTROS DE PAGANOS. 
Las grandes corporaciones no son las que mueven los precios, las grandes corporaciones son las que sangran el sistema antes y después. Antes cuando prestan y generan el movimiento y luego cuando recogen los beneficios al retirar el préstamo. 
Para solucionar el problema de la vivienda en España se necesita por una parte un BANCO PUBLICO QUE SE QUEDE CON TODO LO QUE SOBRA y por otra que traigamos los seis meses de invierno DIEZ MILLONES DE FAMILIAS DE JUBILADOS EUROPEOS. 
El resto es marear la perdiz diez años, los justos para que casi todo se hunda.

Los notarios no ejecutarán hipotecas sin un tipo mínimo del 60% del valor de tasación de la vivienda

En virtud de una circular del Consejo General del Notariado aprobada el pasado sábado en sesión plenaria, los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales que en las ejecuciones que se realizan por vía judicial, pese a las dudas suscitadas por las diferencias legales existentes entre ambos procedimientos. En ella se dan unas directrices claras que todos los notarios deberán seguir, en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda y a la debida protección familiar.

Esta circular, de cuyo contenido informó el Notariado al Ministro de Justicia en la reunión mantenida el 31 de enero, establece que los notarios no autorizarán ejecuciones hipotecarias que no fijen en la 3ª subasta un tipo mínimo del 60 por ciento del valor de tasación de la vivienda habitual (aspecto que comunicarán previamente a las entidades financieras) para garantizar a los ciudadanos los mismos derechos que en los procesos de ejecución judicial.

Aunque la regulación de la ejecución hipotecaria extrajudicial, recogida en el Reglamento de la Ley Hipotecaria, no fija tipo alguno para la 3ª subasta y permite al acreedor adjudicarse el bien por cualquier cantidad, el Consejo General del Notariado, según su presidente Manuel López Pardiñas, considera “imprescindible que los notarios ofrezcan a los ciudadanos las mismas garantías que las que tendrían ante un juez”. Para López Pardiñas “el notario en su condición de funcionario público no puede ser ajeno a la situación generada por el cambio normativo, aunque no se haya modificado también la regulación del procedimiento extrajudicial”. Los bancos tienen la opción en caso de decidir ejecutar la hipoteca, cuando así se ha pactado en la escritura pública, de hacerlo por vía extrajudicial ante un notario.

El Gobierno pedirá a los bancos dos años de prórroga para los desahuciados

Propone facilitar que las familias sin ingresos puedan canjear la hipoteca al devolver la casa

Guindos auncia que se modificará la ley para reducir “los intereses moratorios abusivos”

El Gobierno pondrá en marcha un código de buenas prácticas para la banca

El Gobierno ha salido al paso del escándalo social que están provocando los desahucios de familias sin recursos por el impago de las hipotecas, que ya cuenta con más de 150.000 afectados. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado en el Congreso las líneas maestras de un acuerdo que negocia con la banca entre las que existen recomendaciones al sector -que se incluirán en un futuro código de buenas prácticas- y medidas legales. Entre las peticiones están que se retrase dos años el desalojo de las familias sin ingresos, que se admita la dación en pago -el canje de la hipoteca con la entrega del inmueble- “para quienes la vivienda sea su único bien en propiedad" y para quienes “exigirles algo más allá es excesivo”, dijo Guindos. El ministro también avanzó que propondrá que las cuotas pagadas reduzcan el capital pendiente y no los intereses.

En cuanto a los cambios legales, Guindos adelantó que la reforma que se llevará a cabo supondrá la reducción de los intereses moratorios, ya “que son claramente excesivos”, justificó.

El Gobierno hizo esta declaración de intenciones en su respuesta a una pregunta del diputado Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya Verds, que pidió “medidas concretas para acabar con el abuso de las entidades financieras”, después de que el problema de los desahucios llevara dos años en el Congreso sin que la Comisión correspondiente hubiera tomado medidas efectivas. Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se está tratando entre su ministerio y el de Justicia, bajo la supervisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los bancos y las cajas se han mostrado en contra de la dación en pago y del cambio del marco hipotecario, sobre todo si tiene efectos retroactivos. Lo anunciado por Guindos solo tendría el efecto del menor cobro de intereses en caso de desahucio, por lo que el efecto no sería económicamente relevante para la banca.

El colectivo al que van dirigidas estas propuestas son: propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales o que sean insuficientes para hacer frente a la deuda.

En cuanto a las recomendaciones, el código de buenas prácticas incluye la dación de la vivienda en pago “con efecto liberatorio de la deuda. Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es el único activo que tienen, es excesivo pedirles más”, comentó. Se pedirá que la banca cuente con una “carencia en el desalojo de dos años. Si perder el empleo es situación tremenda, quedarse sin vivienda cuando se está en el paro es una situación límite”, dijo Guindos. Incluso recomendará al sector que pasados los dos años, el propietario pueda seguir en el piso pagando un alquiler. No obstante, Economía está lejos de generalizar la dación “porque tiene el riesgo de reducción de los plazos de amortización, disminuir el importe de crédito, subir los tipos y, en definitiva, elevar la exclusión del crédito”.

El código incluye la petición de que lo pagado se descuente del capital pendiente y no dispare los intereses. “En procesos de ejecución de personas en el umbral de la pobreza, queremos que se considerara que el pago del capital sea proporcional al número de cuotas abonadas o que se redujera el capital en la misma proporción”. Se trataría de que los intereses pendientes sean menores. Además, negociará la reducción de los gastos generados en el proceso judicial.

Lo más llamativo de la posición del ministro ha sido que ha pedido expresamente a las entidades “que asuman parte del riesgo” cuando el valor del piso no cubra la deuda. “Debe haber algún mecanismo de coparticipación en el que la entidad corrija el error o la situación de no buena voluntad, por la que se ha hecho una deficiente tasación”, afirmo. Esta es una de las reivindicaciones más frecuentes: si los bancos tasaron excesivamente alta la casa no pueden ser los clientes los únicos que paguen su depreciación a la hora de devolver el crédito pendiente. El responsable de Economía habló de actitudes “no dirigentes” de la banca.

En un primer análisis, las propuestas de Economía no van contra la línea principal de la banca que pedía que no se cambiaran las normas hipotecarias. La patronal bancaria se ha mostrado a favor de medidas “voluntarias por razones humanitarias”, que es lo que son las recomendaciones del código de buenas conductas.

Algunos bancos procedentes de cajas de ahorros estudian dedicar parte de la obra social a atender los préstamos de familias desahuciadas. Para la banca, el desahucio acarrea problemas por la mala imagen que conlleva y la proliferación de gastos que supone. Por eso, a veces negocio con los clientes para que sigan viviendo en sus pisos “mantengan su valor ya que no acabarán destrozados u ocupados por terceros”. Guindos concluyó que “si se generalizan estas propuestas, tendrá efectos importantes” y “protegerán a un segmento de la población que se encuentra en un momento muy muy difícil”. Ahora falta conocer la reacción voluntaria de las entidades.

Desde la oposición, Coscubiela ha criticado que el impacto de la medida será muy restringido, ya que se establecen "muchas condiciones" para entrar dentro de este umbral de exclusión que aún no está definidido. También, tras advertir de que el "código de buenas prácticas y banca suena a oxímoron", ha propuesto que quien "cobre el 10% del presidente de la entidad" que le ha concedido la hipoteca entre en este colectivo.

LOS VERDADEROS PAGANOS DE LA CRISIS

La actual crisis ha creado una situación impensable hace unos meses: que los paganos, los perjudicados reales de esta crisis son las familias solventes,  que han adquirido su vivienda en estos años pasados cuando la valoración de las mismas estaba en lo más alto.

Por un lado, los promotores amigos de los Bancos y Cajas ya hace tiempo que se han salido del mercado dejando a la Banca los inmuebles sin vender.

Por otro, las familias o los compradores que no han podido o no pueden pagar las cuotas de las hipotecas y que no consiguen una renovación se ven abocados a la perdida de la vivienda, sea o no con dación o con deuda pendiente.

Pero las personas que por su poder adquisitivo no pueden dejar de pagar las cuotas de las hipotecas, por un lado ven como su propiedad cada vez vale menos en comparación con las de alrededor y a la par tienen que pagar cada vez más en relación con el valor de las viviendas próximas, iguales o similares ahora propiedad del Banco, sin que pueda dejar de pagar ni renegociar nada.

El absurdo llevado a su máxima consecuencia.

Estos propietarios se van a ver inmersos de los próximos años en una pérdida de poder adquisitivo importante, por un lado por tener que pagar más que el resto por su vivienda y por otro, porque todas las cargas y gravámenes van a repercutir sobre las viviendas y los sueldos que perciben.

Los propietarios privados de viviendas que han comprado y mantienen sus viviendas, son los otros perdedores de esta crisis y nadie se acuerda de ellos ni ofrece solución alguna.

Guindos concede a Bankia un aval de 15.000 millones para este año

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha firmado una orden por la que concede a Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, un aval para realizar emisiones por importe de 15.000 millones de euros. Dicho aval forma parte de los 100.000 millones que el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó para la banca en el decreto-ley con el que prorrogó los Presupuestos generales del estado para este año.

Las emisiones que realice la entidad en uso de este aval deben tener un vencimiento de uno a cinco años. En principio, la validez de la garantía estatal para emitir se extiende hasta el 30 de junio, pero es prorrogable.

La orden fue dictada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el pasado lunes 13 de febrero y ha sido publicada por Banco Financiero y de Ahorros dentro de un folleto de emisión que da cobertura a potenciales emisiones por importe de 30.000 millones de euros, de los que 15.000 millones lo serían bajo el amparo del aval.

Las entidades financieras europeas han recurrido a avales públicos para financiarse en los mercados mayoristas ante la desconfianza de los inversores en el sector. Solo las entidades más sólidas y con mejores posiciones de liquidez han evitado emitir con aval estatal.

La crisis de la deuda, por otro lado, ha encarecido incluso las emisiones con aval estatal, paralizando de hecho el acceso a los mercados de buena parte de las entidades, que han recurrido a financiarse ante el Banco Central Europeo.

El suelo adjudicado al grupo Bankia por impagos se dispara a 4.717 millones

Los activos inmobiliarios crecieron en 1.733 millones en el primer semestre de 2011.

En suelo, la posición neta ha aumentado un 56%.

La cartera de inmuebles de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, crece a fuerte ritmo, según las cifras facilitadas por la entidad en el folleto que acaba de registrar en la CNMV. En el primer semestre de 2011, la cartera de activos inmobiliarios que se ha quedado el grupo por el impago de préstamos ha crecido hasta registrar un valor neto de 10.515 millones, 1.733 millones más que a cierre de 2010, incluyendo 1.135 millones de participaciones en inmobiliarias y similares. La cifra bruta, antes de las provisiones y coberturas, sube de 12.113 a 14.020 millones en seis meses. Casi todo el incremento se ha producido en suelo, el activo más difícil de vender, donde la posición neta se ha disparado un 56% en seis meses, de 3.015 a 4.717 millones.

El grupo aún tiene créditos con suelo como garantía por un importe de 12.916 millones. BFA se encuentra con la necesidad de provisionar los activos que ya tiene en cartera, pero además ve cómo el problema va creciendo. En todo 2011, vendió inmuebles por unos 560 millones.

El folleto también recoge los resultados de BFA de enero a noviembre de 2011, periodo en el que ganó 193 millones. Esa cifra es inferior al resultado de 319 millones que logró en la primera mitad del año, de modo que entre julio y noviembre BFA sufrió pérdidas de 126 millones. El balance de BFA muestra que la entidad había pedido al BCE unos 20.600 millones a cierre de noviembre. BFA debe hacer frente a vencimientos de deuda e intereses por unos 2.000 millones este año.

Industria perfila el autoconsumo para aliviar el parón en renovables

Los usuarios podrán descontar del recibo de la luz el excedente que generen

Balance neto o net meetering. Fuera del mercado eléctrico y del negocio de las renovables, pocos saben qué significan esas dos palabras unidas. Y sin embargo, se van a popularizar. Simplificado, el balance neto es el sistema que va a permitir a los consumidores producir su propia electricidad, volcar a la red el excedente que pudieran generar y descontar ese excedente del recibo de la luz. El concepto va unido al autoconsumo, aunque va un poco más lejos.

Así, en apenas seis líneas, se escribe el germen de una revolución en el mercado de compraventa de energía: la posibilidad de que un consumidor (hogares y pequeñas y medianas empresas), mediante instalaciones fotovoltaicas o con pequeños molinos de viento, se desvincule de las grandes compañías.

Pero no es tan fácil. El autoconsumo eléctrico, hoy por hoy, es todavía un borrador de real decreto, que entró para su análisis en la CNE el 18 de noviembre —el borrador fue elaborado por el anterior Gobierno— que ha agotado el periodo de alegaciones y que, si hay que creer al nuevo Ejecutivo, va a ser “una alternativa real para instalaciones de pequeño tamaño a través del fomento del autoconsumo de energía eléctrica”.

La frase no es hueca. Está contenida en otra norma (el RD 1/2012) que ha establecido una moratoria en el pago de primas a las renovables y que ha puesto en pie de guerra, entre otros, al sector solar fotovoltaico. Tras la moratoria, el autoconsumo puede ser una salida para un sector ahogado y que, según fuentes de la federación de asociaciones UNEF, puede perder 10.000 empleos directos en meses.

La idea es que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación de autoconsumo

El balance neto, en ausencia de primas, puede ser una buena salida al sector fotovoltaico. Porque hasta ahora, el Código Técnico de la Edificación solo obliga a que las viviendas nuevas tengan un determinado porcentaje de solar para calentar agua sanitaria que varía según la zona de España. En Almería se exige un 70% y en Bilbao un 30%.

Ahora se da un paso más, según la norma en elaboración, se dirige a consumidores en baja tensión (la potencia máxima de la instalación será de 100 kw) que, con una inversión de en torno a 6.000 euros —en el caso del usuario residencial— y con una ocupación de espacio mínima (10 metros cuadrados) pueden instalar paneles fotovoltaicos para abaratar su factura eléctrica. La amortización de la inversión dependerá del lugar de residencia y la irradiación solar y, sobre todo, del valor que se conceda al kilovatio producido en autoconsumo.

Hogares y pymes podrán utilizar paneles solares y pequeños molinos

“Es la cuestión fundamental”, explica Luis Torres, director general de SunPower Energy Systems. “La cuestión del precio es una decisión política” añaden fuentes de UNEF, y de ella dependerá el desarrollo del balance neto. El asunto es simple. En el sistema diseñado, un hogar producirá kilovatios y una comercializadora se encargará de hacer la cuenta de la diferencia entre lo consumido y lo producido. Por los kilovatios que adquiera a la compañía distribuidora para completar sus necesidades, el consumidor abonará peajes de acceso y un “coste del balance neto”. Pero “¿qué peajes debe pagar un autoconsumidor cuyos kilovatios los consume en el mismo lugar o muy próximo a donde los produce?, ¿debe pagar costes de transporte?, ¿debe pagar pérdidas?, ¿debe pagar por capacidad?”, se pregunta un miembro de UNEF. “Durante un periodo de al menos dos años”, asegura Torres, “la valoración del kilovatio producido en autoconsumo debería ser la misma que la del producido en central, solo después, gradualmente, se debería, quizá, pagar determinados conceptos”.

Más regulación

Mientras se deciden los detalles de la norma, las asociaciones abogan por regular el autoconsumo en su sentido más amplio. La idea es que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación de autoconsumo. Porque según la última redacción conocida de la norma, una comunidad de vecinos o un polígono industrial no podría beneficiarse mancomunadamente del sistema. Cada vecino o cada empresa tendría que disponer de su propia instalación.

Con el sector renovable asustado y las compañías tradicionales velando por su negocio, el futuro es incierto. Aunque no todo el mundo tiene las mismas dudas. Un ejemplo: el director general adjunto del ITER (el proyecto internacional para la búsqueda de la fusión nuclear), Carlos Alejaldre, se ha mostrado públicamente convencido de que en el futuro las necesidades energéticas de toda la humanidad podrán ser cubiertas con energía solar y fusión.

España, entre los cuatro países de la UE con más desequilibrios económicos

Suspende en cuenta corriente, inversión internacional, cuota de exportaciones, deuda y paro

La Comisión Europea examinará el modelo de crecimiento de 12 de los Estados miembros

La Unión Europea quiere poner fin a los modelos de crecimiento económico desaforados a cualquier precio, que tantos desastres han generado en desempleo y deterioro del bienestar social. Se quiere evitar, por ejemplo, los modelos como los de España e Irlanda, basados en un crecimiento especulativo desenfrenado de la construcción, que cuando han estallado han acabado con un paro masivo, endeudamiento insoportable y bancarrota de numerosas instituciones financieras. La Comisión Europea dio a conocer este martes los criterios que empleará para verificar si las pautas de crecimiento adoptadas por los distintos países son sanas y sostenibles.

Es la otra pata del gobierno económico. Se vigilarán las cuentas de los Estados, es decir: el déficit y la deuda pública, aspectos sobre lo que se ha centrado la vigilancia de manera exclusiva. Pero a partir de ahora se examinarán también las características de la economía, su eficiencia y sostenibilidad. En su primera presentación, la Comisión ya seleccionó a una docena de países que en su opinión presentan más deficiencias y que deberán ser “investigados en profundidad”.

Se trata de España, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Hungría y Eslovenia. Otros cuatro países —Grecia, Irlanda, Portugal y Rumanía— no serán sometidos a este escrutinio especial, porque ya están bajo vigilancia y programas especiales como ayudas o rescates.

Los diez criterios elegidos en la tabla de marcadores con sus márgenes de variación de referencia son los siguientes: balanza por cuenta corriente, (que puede oscilar entre un superávit del 4% y un déficit del 6%); posición neta de inversión internacional con un máximo del 35% del PIB; (tipo de cambio efectivo real); cuota de mercado en las exportaciones (-6%); costes laborales unitarios, (entre +9% y +12%); variación del precio de la vivienda, (+6%); flujo de crédito al sector privado, (15% del PIB); deuda privada (160% del PIB%), deuda pública, (60% del PIB) y desempleo (105).

España es uno de los cuatro países que incumplen más indicadores: seis de los diez. Por ello está en el punto de mira de Bruselas de manera destacada. El promedio del déficit por cuenta corriente de los últimos tres años es del 6,5%. También es preocupante la posición neta de la inversión internacional, que es del 89,5% del PIB, y la pérdida de la cuota de mercado en las exportaciones, con una caída del 11,6%, en la media de los últimos cinco años. Sin embargo, las desviaciones más preocupantes son el fuerte endeudamiento del sector privado, que alcanza el 227%, y la tasa de desempleo promedio de los últimos tres años, que es del 16,5%, y con tendencia a crecer a lo largo de todo este año.

En relación con el desempleo español, el vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, precisó que en este caso “necesitamos más análisis de la evolución estructural del altísimo paro y de la difícil situación después de la prolongada burbuja inmobiliaria y el boom crediticio”. El comisario reconoció, no obstante, que España está llevando a cabo con determinación reformas estructurales con el fin de mejorar el mercado laboral y la competitividad.

En el caso de Francia, la Comisión señala que “se ha producido un deterioro gradual de su balanza comercial y una importante pérdida de su cuota de mercado de las exportaciones”. También el Reino Unido registra una importante pérdida de la cuota de exportaciones y un fuerte endeudamiento privado, mientras que Italia, además de una reducción de su cuota de mercado de las exportaciones, sufre una elevadísima deuda pública, del 118%. Alemania, con un superávit por cuenta corriente del 5,9% de promedio durante los últimos tres años, sale muy bien librada, a pesar de ser la causante de las burbujas inmobiliarias y de crédito en varios países por su fuerte exportación de capitales en búsqueda de rentabilidades más elevadas.

En los próximos meses, la Comisión analizará en profundidad la situación de cada país, considerando los incumplimientos de estos indicadores de una manera conjunta. Los ministros, a propuesta de la Comisión, decidirán si un país queda incurso en un procedimiento por desequilibrio excesivo. Si los desequilibrios indicados por uno o varios indicadores son “severos”, se le podrá imponer en una primera fase la constitución de un depósito generador de intereses de hasta el 0,1% del PIB. En una segunda fase, este depósito se puede convertir en multa si así lo decide el Consejo, a menos que una mayoría cualificada vote en contra. Las multas podrán materializarse si durante un año y medio el país no atiende a los diferentes avisos para tomar medidas correctivas, pero no serán en ni inmediatas ni automáticas. El seguimiento de los desequilibrios se realiza sobre todos los miembros de la UE, mientras que las sanciones financieras se impondrán solo a países de la zona euro.