El abogado que ha denunciado a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM, pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que investigue a las 21 sociedades dedicadas al sector inmobiliario radicadas en el extranjero que controlaba la entidad. El letrado pretende que se averigüe el destino de los más de 4.000 millones de euros de «agujero» patrimonial de la caja, según consta en la ampliación de denuncia.
En concreto, la CAM tenía en 2010 un total de 1.700 millones de euros «en participaciones directas e indirectas en 119 empresas o sociedades, de las que 52, el 43%, estaban vinculadas al sector inmobiliario». Una decena de estas últimas eran sociedades vinculadas a la promoción de viviendas, complejos turísticos y hoteles en México, Costa Rica, Polonia y Marruecos. La CAM, añade, también tenía varias sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las islas Caimán y otras en Holanda, vehículo para acceder al territorio «off-shore» de las Antillas. De Ramón denuncia que el Banco de España no haya destituido al antiguo secretario general de la CAM, José Pina, que era responsable de la gestión económica, y que ocupó 49 cargos en 27 de estas sociedades. Actualmente mantiene nueve puestos en ocho de estas empresas. E insta al magistrado a que se dirija a los representantes de la Reserva Federal norteamericana por si quieren personarse en la causa «por cuanto la sociedad del grupo Camus Inance realizó varias emisiones de deuda ordinaria, en dólares americanos». A 31 de marzo de 2008, el valor de esas emisiones era de 1,7 millones.
Por otra parte, el sindicato Manos Limpias, que interpuso su denuncia ante la Fiscalía en agosto, pidió ayer al magistrado que la acumule al procedimiento ya abierto. Manos Limpias denuncia a ocho altos cargos de la entidad, entre los que figuran dos ex presidentes y dos ex directores generales (entre ellos, María Dolores Amorós) por delitos societarios apropiación indebida y falsedad documental.
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