Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos. Cataluña

Sección cuarta. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Artículo 62. Actos jurídicos documentados.

Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se modifican las letras b y e del artículo 7 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que quedan redactadas del siguiente modo:

«b) El 1,8%, en el caso de documentos en los que se haya renunciado a la exención en el IVA conforme a lo dispuesto por el artículo 20.2 de la Ley del Estado 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.

e) El 1,5%, en el caso de otros documentos.»

Artículo 63. Bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

1. Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la novación modificativa de los créditos hipotecarios pactada de común acuerdo entre el deudor y el acreedor, siempre y cuando este último sea una de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley del Estado 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, y que la modificación se refiera al tipo de interés inicialmente pactado o vigente o a la alteración del plazo del crédito o a ambas modificaciones, tienen una bonificación del 100% de la cuota tributaria del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados, establecida por el artículo 32.1 del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con un límite de 500.000 euros de base imponible.

2. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, en la transmisión de la vivienda habitual que efectúe su propietario en favor de la entidad financiera acreedora, o de una filial inmobiliaria de su grupo, porque no puede hacer frente al pago de los préstamos o créditos hipotecarios concedidos para su adquisición, siempre y cuando el transmitente continúe ocupando la vivienda mediante contrato de arrendamiento con opción de compra firmado con la entidad financiera.

Para poder acceder a esta bonificación, la duración del mencionado contrato de arrendamiento tiene que ser pactado, como mínimo, por diez años, sin perjuicio del derecho del arrendatario de volver a adquirir la vivienda antes de la finalización de este plazo.

El importe máximo de esta bonificación se fija en la cuantía equivalente a la aplicación del tipo impositivo sobre los primeros 100.000 euros de base imponible.

3. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los siguientes casos y condiciones:

a) Los contratos de arrendamiento con opción de compra firmados entre las entidades financieras acreedoras, o una filial inmobiliaria de su grupo, y los propietarios que transmiten la propiedad de su vivienda habitual a estas entidades. Los contratos de arrendamiento deben realizarse sobre las viviendas habituales que se transmiten. Esta bonificación se hace extensiva a la opción de compra.

b) La adquisición de las viviendas por parte de las personas físicas que, al no hacer frente a los pagos, habían transmitido la vivienda a la entidad financiera acreedora o a una filial inmobiliaria de su grupo y que, posteriormente, y en el plazo de diez años desde dicha transmisión, lo vuelven a adquirir.

4. Las bonificaciones a las que se refiere este artículo se aplican si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Los titulares de la vivienda son personas físicas.

b) Se trata de su vivienda habitual.

A los efectos de estas bonificaciones, se considera vivienda habitual la que se ajusta a la definición y los requisitos establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El Banco de España se convierte en árbitro de las quejas por los desahucios

El Boletín Oficial del Estado  publicó ayer el Real decreto-ley con las nuevas reglas que protegen a las personas sin recursos para pagar el crédito hipotecario de su vivienda, siempre que estén en riesgo de exclusión social. Los bancos que se adhieran al código de buenas prácticas desarrollado por esta norma deberán ofrecer un plan de reestructuración de la deuda, con intereses más bajos y plazos más amplios. Si aún así el pago no es posible, una quita del 25%. Y, en último caso, están obligados a aceptar la dación en pago de la casa por el total de la deuda.

El decreto establece una doble vía ante los posibles incumplimientos de las entidades que firmen el código de buenas prácticas. Si la persona afectada cree que el banco no se ajusta al código, que se ha llegado al desahucio sin haber recibido las ofertas previstas, solo le queda la opción de reclamar ante el Banco de España.

Además, puede haber una llamada de atención pública: una comisión de control, integrada por representantes del Banco de España, la Asociación Hipotecaria Española, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, publicará cada seis meses un informe en el que se evaluará, entidad a entidad, el grado de cumplimiento.

Los bancos pueden adherirse al código de buenas prácticas a partir de ahora, aunque el primer listado de entidades no será publicado por el Ministerio de Economía hasta abril. Las entidades se comprometerán así a cumplir el código durante dos años, un plazo que se prorrogará después año a año, salvo que el banco diga lo contrario.

La norma es mucho más concreta y dura al establecer las consecuencias de que la persona que debe el crédito hipotecario se beneficie de las nuevas reglas sin cumplir los requisitos que determinan el umbral de exclusión. “Será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización”.

También es contundente para garantizar que las personas que se queden en la vivienda tras su dación en pago —la norma obliga a la banca a ofrecer dos años en alquiler con una renta anual muy baja, un 3% de la deuda pendiente—, paguen ese arrendamiento.

A los seis meses del impago de la renta de alquiler, el banco podrá iniciar el desahucio de las personas que viven arrendadas en esa casa dada en pago de la deuda. Y como interés de demora se aplicará un 20%, añade el decreto.

La posibilidad de un banco público:

En España conocimos el Banco Hipotecario de España por ejemplo, el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Local.

Entonces eran unos tiempos y ahora son otros. 
La claridad que se pide es muy fácil si se quiere más aún con los sistemas informáticos actuales. 
Donde no hay claridad es en la Banca y las Cajas hoy ni la habrá ya que si el Banco de españa abre la veda casi todos los directivos tendrían problemas muy serios con la Justicia. Todo llegara.. 
El primer problema que planteas solucionado. Claridad total y absoluta. Transparencia desde el inicio en todo. 
El precio de adjudicación de los inmuebles se fija en cada caso sea primera vivienda, segunda, solar, promoción etc. Los precios hoy con el sistema de provisiones ya está prácticamente fijado. 
A los precios fijados el Banco estatal se queda los activos, de la Banca, de los promotores y de los particulares, sólo que en este caso se los queda por lo pendiente de la hipoteca, se tengan o no problemas para permitir que quien lo desee deje su vivienda y se la endose al Banco estatal. 
La Banca se subroga en las hipotecas en las cantidades adjudicadas. 
El diferencial entre el precio adjudicado y el que figure en balance lo asume la Banca y ese diferencial da lugar a un saldo a regularizar en los ejercicios que se establezcan a cuenta de los beneficios a obtener. 
La partida del balance de dichas cantidades se compensa con un apunte contable del gobierno que avala, solo avala contablemente dichas cantidades. 
Eso no supone nada excepto que se sabría cual es la diferencia contable de los saldos necesarios y ahí entra el Banco central Europeo. 

EL TOCOMOCHO DE LA BANCA CON LAS VIVIENDAS

Vivimos en un mundo globalizado que hace que primero te presten el dinero, luego no te lo renueven así que te vuelves loco para pagar y al final los que te han prestado el dinero para que compres o construyas se quedan lo que has promovido o construido por la mitad o menos. 

Bonita paradoja de la globalización. 
Y no pasa nada, el BCE sigue dándole a la maquinita a cuenta gotas para que los bancos sigan buscando las gateras de escape para no quebrar. 
Ahora cuando ya se ha comido toda la deuda griega dice que no admite más. 
Es todo un TOCOMOCHO A GRAN ESCALA Y NOSOTROS DE PAGANOS. 
Las grandes corporaciones no son las que mueven los precios, las grandes corporaciones son las que sangran el sistema antes y después. Antes cuando prestan y generan el movimiento y luego cuando recogen los beneficios al retirar el préstamo. 
Para solucionar el problema de la vivienda en España se necesita por una parte un BANCO PUBLICO QUE SE QUEDE CON TODO LO QUE SOBRA y por otra que traigamos los seis meses de invierno DIEZ MILLONES DE FAMILIAS DE JUBILADOS EUROPEOS. 
El resto es marear la perdiz diez años, los justos para que casi todo se hunda.

Los notarios no ejecutarán hipotecas sin un tipo mínimo del 60% del valor de tasación de la vivienda

En virtud de una circular del Consejo General del Notariado aprobada el pasado sábado en sesión plenaria, los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales que en las ejecuciones que se realizan por vía judicial, pese a las dudas suscitadas por las diferencias legales existentes entre ambos procedimientos. En ella se dan unas directrices claras que todos los notarios deberán seguir, en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda y a la debida protección familiar.

Esta circular, de cuyo contenido informó el Notariado al Ministro de Justicia en la reunión mantenida el 31 de enero, establece que los notarios no autorizarán ejecuciones hipotecarias que no fijen en la 3ª subasta un tipo mínimo del 60 por ciento del valor de tasación de la vivienda habitual (aspecto que comunicarán previamente a las entidades financieras) para garantizar a los ciudadanos los mismos derechos que en los procesos de ejecución judicial.

Aunque la regulación de la ejecución hipotecaria extrajudicial, recogida en el Reglamento de la Ley Hipotecaria, no fija tipo alguno para la 3ª subasta y permite al acreedor adjudicarse el bien por cualquier cantidad, el Consejo General del Notariado, según su presidente Manuel López Pardiñas, considera “imprescindible que los notarios ofrezcan a los ciudadanos las mismas garantías que las que tendrían ante un juez”. Para López Pardiñas “el notario en su condición de funcionario público no puede ser ajeno a la situación generada por el cambio normativo, aunque no se haya modificado también la regulación del procedimiento extrajudicial”. Los bancos tienen la opción en caso de decidir ejecutar la hipoteca, cuando así se ha pactado en la escritura pública, de hacerlo por vía extrajudicial ante un notario.

El Gobierno pedirá a los bancos dos años de prórroga para los desahuciados

Propone facilitar que las familias sin ingresos puedan canjear la hipoteca al devolver la casa

Guindos auncia que se modificará la ley para reducir “los intereses moratorios abusivos”

El Gobierno pondrá en marcha un código de buenas prácticas para la banca

El Gobierno ha salido al paso del escándalo social que están provocando los desahucios de familias sin recursos por el impago de las hipotecas, que ya cuenta con más de 150.000 afectados. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado en el Congreso las líneas maestras de un acuerdo que negocia con la banca entre las que existen recomendaciones al sector -que se incluirán en un futuro código de buenas prácticas- y medidas legales. Entre las peticiones están que se retrase dos años el desalojo de las familias sin ingresos, que se admita la dación en pago -el canje de la hipoteca con la entrega del inmueble- “para quienes la vivienda sea su único bien en propiedad" y para quienes “exigirles algo más allá es excesivo”, dijo Guindos. El ministro también avanzó que propondrá que las cuotas pagadas reduzcan el capital pendiente y no los intereses.

En cuanto a los cambios legales, Guindos adelantó que la reforma que se llevará a cabo supondrá la reducción de los intereses moratorios, ya “que son claramente excesivos”, justificó.

El Gobierno hizo esta declaración de intenciones en su respuesta a una pregunta del diputado Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya Verds, que pidió “medidas concretas para acabar con el abuso de las entidades financieras”, después de que el problema de los desahucios llevara dos años en el Congreso sin que la Comisión correspondiente hubiera tomado medidas efectivas. Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se está tratando entre su ministerio y el de Justicia, bajo la supervisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los bancos y las cajas se han mostrado en contra de la dación en pago y del cambio del marco hipotecario, sobre todo si tiene efectos retroactivos. Lo anunciado por Guindos solo tendría el efecto del menor cobro de intereses en caso de desahucio, por lo que el efecto no sería económicamente relevante para la banca.

El colectivo al que van dirigidas estas propuestas son: propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales o que sean insuficientes para hacer frente a la deuda.

En cuanto a las recomendaciones, el código de buenas prácticas incluye la dación de la vivienda en pago “con efecto liberatorio de la deuda. Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es el único activo que tienen, es excesivo pedirles más”, comentó. Se pedirá que la banca cuente con una “carencia en el desalojo de dos años. Si perder el empleo es situación tremenda, quedarse sin vivienda cuando se está en el paro es una situación límite”, dijo Guindos. Incluso recomendará al sector que pasados los dos años, el propietario pueda seguir en el piso pagando un alquiler. No obstante, Economía está lejos de generalizar la dación “porque tiene el riesgo de reducción de los plazos de amortización, disminuir el importe de crédito, subir los tipos y, en definitiva, elevar la exclusión del crédito”.

El código incluye la petición de que lo pagado se descuente del capital pendiente y no dispare los intereses. “En procesos de ejecución de personas en el umbral de la pobreza, queremos que se considerara que el pago del capital sea proporcional al número de cuotas abonadas o que se redujera el capital en la misma proporción”. Se trataría de que los intereses pendientes sean menores. Además, negociará la reducción de los gastos generados en el proceso judicial.

Lo más llamativo de la posición del ministro ha sido que ha pedido expresamente a las entidades “que asuman parte del riesgo” cuando el valor del piso no cubra la deuda. “Debe haber algún mecanismo de coparticipación en el que la entidad corrija el error o la situación de no buena voluntad, por la que se ha hecho una deficiente tasación”, afirmo. Esta es una de las reivindicaciones más frecuentes: si los bancos tasaron excesivamente alta la casa no pueden ser los clientes los únicos que paguen su depreciación a la hora de devolver el crédito pendiente. El responsable de Economía habló de actitudes “no dirigentes” de la banca.

En un primer análisis, las propuestas de Economía no van contra la línea principal de la banca que pedía que no se cambiaran las normas hipotecarias. La patronal bancaria se ha mostrado a favor de medidas “voluntarias por razones humanitarias”, que es lo que son las recomendaciones del código de buenas conductas.

Algunos bancos procedentes de cajas de ahorros estudian dedicar parte de la obra social a atender los préstamos de familias desahuciadas. Para la banca, el desahucio acarrea problemas por la mala imagen que conlleva y la proliferación de gastos que supone. Por eso, a veces negocio con los clientes para que sigan viviendo en sus pisos “mantengan su valor ya que no acabarán destrozados u ocupados por terceros”. Guindos concluyó que “si se generalizan estas propuestas, tendrá efectos importantes” y “protegerán a un segmento de la población que se encuentra en un momento muy muy difícil”. Ahora falta conocer la reacción voluntaria de las entidades.

Desde la oposición, Coscubiela ha criticado que el impacto de la medida será muy restringido, ya que se establecen "muchas condiciones" para entrar dentro de este umbral de exclusión que aún no está definidido. También, tras advertir de que el "código de buenas prácticas y banca suena a oxímoron", ha propuesto que quien "cobre el 10% del presidente de la entidad" que le ha concedido la hipoteca entre en este colectivo.

LOS VERDADEROS PAGANOS DE LA CRISIS

La actual crisis ha creado una situación impensable hace unos meses: que los paganos, los perjudicados reales de esta crisis son las familias solventes,  que han adquirido su vivienda en estos años pasados cuando la valoración de las mismas estaba en lo más alto.

Por un lado, los promotores amigos de los Bancos y Cajas ya hace tiempo que se han salido del mercado dejando a la Banca los inmuebles sin vender.

Por otro, las familias o los compradores que no han podido o no pueden pagar las cuotas de las hipotecas y que no consiguen una renovación se ven abocados a la perdida de la vivienda, sea o no con dación o con deuda pendiente.

Pero las personas que por su poder adquisitivo no pueden dejar de pagar las cuotas de las hipotecas, por un lado ven como su propiedad cada vez vale menos en comparación con las de alrededor y a la par tienen que pagar cada vez más en relación con el valor de las viviendas próximas, iguales o similares ahora propiedad del Banco, sin que pueda dejar de pagar ni renegociar nada.

El absurdo llevado a su máxima consecuencia.

Estos propietarios se van a ver inmersos de los próximos años en una pérdida de poder adquisitivo importante, por un lado por tener que pagar más que el resto por su vivienda y por otro, porque todas las cargas y gravámenes van a repercutir sobre las viviendas y los sueldos que perciben.

Los propietarios privados de viviendas que han comprado y mantienen sus viviendas, son los otros perdedores de esta crisis y nadie se acuerda de ellos ni ofrece solución alguna.